Propuesta de Fundamentos Ético-políticos para la Nueva Constitución

Constituyente Ciudadana-Popular

Propuesta de Fundamentos Ético-políticos para la Nueva Constitución

5 de febrero de 2016

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Preámbulo

La tragedia nacional que vivimos las y los mexicanos es producto de un proyecto de ocupación neocolonial, de ocupación integral de los territorios nacionales, de explotación y destrucción de nuestras poblaciones.

El caos, la pobreza, la marginación, el terror de estado, los cientos de miles de víctimas mortales, los feminicidios, las decenas de miles de desaparecidos y los millones de afectados por una guerra de neocolonización disfrazada de combate a la delincuencia, reformas estructurales y tratados de libre comercio, no son accidentales. Son producto de un pacto criminal celebrado entre algunas potencias encabezadas por los Estados Unidos y las empresas trasnacionales con la clase política, la alta burocracia del Estado “Mexicano” y los grandes empresarios locales, con el fin de desmantelar las bases económicas, sociales y culturales que dan sustento a la soberanía nacional, a los derechos sociales y humanos de nuestro pueblo.

La superación del desastre nacional, de la crisis humanitaria que se abre paso con sus millones de víctimas no puede venir de quienes deliberadamente la planificaron y construyeron; de la casta imperial que ha devenido en criminal.

Debemos dejar de mirar hacia los de arriba y abandonar toda confianza en ellos; necesitamos voltear hacia nosotras y nosotros, convencidos de que contamos con las suficientes reservas morales, la lucidez y las posibilidades organizativas para Refundar el Estado y la Nación desde las Comunidades y el Pueblo.

Somos las mayorías las llamadas a constituirnos como el nuevo Sujeto Constituyente portador de un nuevo pacto social, de un nueva Constitución que exprese el Proyecto de Nación de los más: de las mujeres, de las y los indígenas, de las y los indo-mestizos, de las y los trabajadores, de las clases medias, los pequeños y medianos productores y de los empresarios que están dispuestos a contribuir con los procesos de superación de los modos de vida montados sobre la base de la explotación, la humillación nacional, el racismo, el patriarcalismo, la corrupción y la destrucción de la Naturaleza (Madre Tierra).

El Capitulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, heredero del Tribunal Russell que juzgó los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Vietnam, sesionó en nuestro país entre 2011 y 2014. A lo largo de su recorrido logró elaborar el “Cuadro de la Infamia”, de las atrocidades cometidas contra nuestras comunidades, personas y territorios.

Miles de víctimas del terrorismo de Estado nos encontramos con personalidades nacionales e internacionales, académicos, organizaciones sociales y civiles para hacer el mapa de la violencia estructural ensayada desde el estado “Mexicano” a nombre del “Libre Comercio” contra mujeres, trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes y comunicadores, entre otros.

La conclusión del Tribunal fue contundente, no existe otro país el mundo que sin vivir en una situación de guerra declarada haya sido tan destruido como México. Los crímenes calificados de “Lesa Humanidad” cometidos por el Estado “Mexicano”, las trasnacionales y las grandes potencias, son tales que las leyes existentes no alcanzan para juzgarlos.

Ante ese panorama, el Tribunal planteo la necesaria refundación del Estado y la nación misma. Congruentes con esa resolución quienes hacemos parte de la Constituyente Ciudadana Popular nos hemos echado a andar. Somos particularmente conscientes de que el Estado “Mexicano” devino en un Protectorado, en un Estado siervo de los Estados Unidos y otras potencias, que es un estado criminal, cuyos cimientos descansan en una economía delictiva, que es irreformable y debe ser refundado sobre nuevas bases ético-políticas y económicas. Que no basta con promover campañas anticorrupción, arreglar o maquillar los rostros del Estado “Mexicano”, de enjuiciar a ciertos funcionarios y hacer planes para generar ahorros en el manejo de la administración pública. La putrefacción de la clase política, su cinismo e impunidad, no son hechos aislados, son la condición propia de quienes viven al amparo del Estado neocolonial y de sus economías criminales.

Hoy quienes usurpan el Congreso de la Unión, la Suprema Corte Justicia y la Presidencia del país son ilegítimos e ilegales. Ilegítimos porque sus acciones van en contra de las necesidades y el sentir de las mayorías nacionales, e ilegales porque con sus reformas contra la Constitución modificaron la forma de Estado surgida con la Constitución de 1917, sin contar con la autoridad para hacerlo.

En ese contexto de quiebra ética e ilegalidad de quienes hoy mal gobiernan al país es que hacemos la siguiente propuesta de Principios ético-políticos para una nueva Constitución, tomando en cuenta que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y el poder público se instituye para beneficio de este; por lo que contamos en todo tiempo con “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Art. 39° de la Constitución.

Esta propuesta espera construir los consensos necesarios para avanzar en el proceso de Refundación Nacional ya que ha surgido de cientos de reuniones con compañeras y compañeros constituyentes a lo largo de nuestro primer año de peregrinaje como Constituyente Ciudadana-Popular.

Fundamentos Ético Políticos

1.- Las personas mujeres y hombres que hacemos parte de la nación mexicana, de sus pueblos y comunidades, nos comprometemos a no hacer nada que atente contra de la especie humana y su base natural (la Madre Tierra). A poner todo nuestro empeño para el desarrollo pleno de las potencialidades de cada persona y la satisfacción de sus necesidades.

2.- Asumimos como propio el principio del “Buen Vivir” o el del “Bien Común” de la Humanidad, es decir, la necesidad de alcanzar la dignidad humana, la vida plena en armonía con la comunidad y la Madre Tierra. En ese marco caben todas las formas de individualidad que no sean contrapuestas ni estén por encima del “Buen Vivir” o del “Bien Común de la Humanidad”, ni la colectividad por encima de la persona, ambos en equilibrio. Recuperamos la noción de vida plena en la línea del pensamiento ancestral de nuestros pueblos originarios que sólo es realizable si pensamos en el “nosotros” y en ese marco pensamos en el “yo”.

3.- La Madre Tierra no es un bien económico, sino el hogar de todos los seres vivos. La humanidad dependemos de ella, no somos dueños ni tenemos derecho a explotar a la naturaleza, pues formamos parte de ella, por ello, estamos obligados a respetarla, conocerla y entenderla, para aprovechar de manera sustentable los bienes que nos brinda, buscando siempre su preservación y regeneración.

4.- Son las necesidades de las mujeres y los hombres, de las mayorías y clases nacionales, la base sobre la que deben definirse los contenidos y formas en que habrán de tomar cuerpo la Nueva Constitución y el Nuevo Gobierno. Las leyes y el nuevo Estado Mexicano dejaran de servir y representar los intereses y necesidades de las clases antinacionales: la clase política y la alta burocracia, las potencias extrajeras, las empresas trasnacionales y la oligarquía “mexicana”.

5.- Nuestro constituyente es un proceso descolonizador. Para la recuperación de las fuerzas productivas del pueblo-nación mexicano, la reconstitución de la Naturaleza (Madre Tierra), la reconstrucción de nuestra memoria y el desarrollo de la personalidad histórica de las naciones y comunidades que a lo largo de 500 años hemos sido víctimas del colonialismo y neocolonialismo practicado por el Estado Español y los Estados Unidos, entre otras potencias imperialistas.

6.- El Estado “Mexicano” habrá de ser refundado para convertirse en una Comunidad-Estado a través de la democracia comunitaria que, en sus diversas modalidades, prioriza la realización de asambleas, la construcción de consensos, la inclusión y el respeto de la dignidad de las personas. La democracia comunitaria incluye expresiones diversas de poder ciudadano, popular y autonómico como el respeto a los usos y costumbres, la revocación de mandato, la consulta, el plebiscito y el referéndum, entre muchas otras formas de participación.

Un nuevo Estado de las mayorías nacionales, concebido no sólo como una ciudadanía con derecho a votar y ser votados, sino como personas con derechos sociales y humanos inalienables, derechos que no pueden ponerse en entredicho en cada proceso electoral. Si toda Constitución debe ser resultado de un proceso constituyente y, si toda Constitución es una forma de Estado, ésta no podrá modificarse en sus partes centrales sin que medie un proceso constituyente similar.

Mandar obedeciendo, servir y no servirse, proponer y no imponer, representar y no suplantar son las normas de conducta de quienes participamos en la Constituyente Ciudadana Popular.

7.- El nuevo Estado, bajo la forma de Comunidad-Estado, será plurinacional y pluricultural, basado en el respeto, defensa y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que la Constitución deberá articular diversas expresiones jurídicas que reflejen la diversidad de naciones y culturas que existen en nuestro país y compensen las desigualdades y las exclusiones que sufren los pueblos originarios, las mujeres, la juventud y la población migrante.

8.- El nuevo Estado basado en la comunidad será verdaderamente laico; ajeno a todo credo religioso y respetuoso de la libertad de culto, incluido el ateísmo. Será vigilante de que las prácticas religiosas no afecten los derechos de todas las personas especialmente de las mujeres, la niñez y la juventud.

9.- Para que una Constitución sea realmente igualitaria deben existir condiciones para que las mujeres y los hombres ejerzan libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales consagrados en los diferentes instrumentos nacionales e internacionales.

10.- El nuevo Estado debe enfrentar las problemáticas de discriminación e inequidades que viven las mujeres y los hombres, incluidos los patrones estereotipados y las prácticas culturales basadas en la inferioridad y la subordinación.

11.- El nuevo Estado debe diseñar políticas públicas enfocadas a la erradicación y el repudio de la violencia de género, así como a un cambio de cultura que fomente la igualdad entre las personas en todos los ámbitos de la vida y la actividad social y productiva, a través de medidas progresivas tanto legales como administrativas.

12.- El nuevo Estado debe garantizar la individualidad de las mujeres más allá del ámbito de la familia, a partir de cambiar las reglas de organización social y el respeto a la igualdad en las diferencias.

13.- Que las mujeres y los hombres tengan el derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su cuerpo, salud, vida sexual y reproducción.

14.- El trabajo debe dejar de ser instrumento de opresión y explotación y para ello las condiciones laborales deberán ser modificadas a favor de las y los trabajadores, para que puedan participar en la conducción de los procesos productivos y en la apropiación de la riqueza que producen. En ese contexto, nuestro proyecto constitucional incluirá el derecho de ciudadanía entendido como la obligación social, garantizada por el Estado, de asegurar a cada persona nacida en el país el mínimo indispensable para asegurar su acceso a los bienes y servicios necesarios que lo provean de tierra, trabajo, educación, vivienda, información, salud, alimentación y recreación.

15.- El cuidado de la niñez, la juventud y las personas de la tercera edad ocupará un lugar central en el proyecto Constitucional. La comunidad no puede ser tal si se reproducen las exclusiones que genera la sociedad patriarcal y capitalista.

16.- La Constitución que proponemos contemplará los derechos humanos de la población migrante que atraviesan el territorio nacional y defenderá los derechos de las comunidades nacionales de origen mexicano en los países donde radiquen.

17.- Alcanzar una sociedad justa, humana, equitativa, solidaria y feliz, resulta imposible bajo el modelo de producción capitalista. El sistema económico actual, basado en el crecimiento ilimitado, el consumismo, la competencia, la acumulación y la propiedad privada, debe ser abandonado, ya que la Madre Tierra es finita. En su lugar debemos construir un modelo económico que articule las diversas formas de propiedad social con los emprendimientos privados, siempre y cuando su finalidad sea el acceso equitativo para todas y todos de los bienes y servicios necesarios para la realización humana. Un modelo productivo que priorice la utilidad y la duración de los productos por encima de las ganancias privadas. Un modelo de consumo basado en una racionalidad que permita, de manera simultánea, la conservación de la naturaleza y la realización de las necesidades humanas fundamentales.

18.- Se requiere de una nueva reforma agraria y productiva que reconstituya las diversas formas de propiedad social y producción campesina en aras de garantizar la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios y la cancelación de todos los tratados económicos, nacionales e internacionales que entregan los bienes de la nación a las empresas privadas. En particular, el patrimonio biocultural y los bienes comunes de los pueblos y para el futuro de las nuevas generaciones.

19.- La nueva Constitución restituirá las prerrogativas de la Comunidad-Estado y del Pueblo-Nación sobre los bienes contenidos en los territorios nacionales y las empresas que sean consideradas estratégicas para garantizar la seguridad social y nacional de todas y todos los mexicanos.

20.- De modo particular se elaboraran nuevos lineamientos para la promoción y la defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad, la reivindicación de las culturas nacionales y el reconocimiento de los derechos de las comunidades escolares y culturales. Se garantizará el acceso a la educación con base humanista y pluricultural, que promueva la convivencia pacífica y armoniosa; que fomente la conciencia crítica; que proclame la equidad en el ejercicio de los roles, así como la aplicación de los valores en un marco de derechos humanos. En la construcción del marco legal para que ello ocurra se tendrá que hacer énfasis en la necesidad de impedir cualquier forma de sistema que promueva la alienación abierta del individuo, de la persona, del ser humano, así como las prácticas sociales que promuevan la división y deshumanización de los sujetos que formamos esta nación.

21.- El desarrollo y el acceso a la ciencia y la tecnología serán actividades consideradas estratégicas con miras a lograr la descolonización plena de nuestro país.

22.- El Estado debe garantizar las condiciones para el desarrollo del arte y las culturas como formas fundamentales de expresión del espíritu de los pueblos y su historia y garantizar el acceso universal.

23.- Respeto a los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, que garanticen el principio de autodeterminación de los pueblos, den protección a exiliados y perseguidos políticos y salvaguarden la paz mundial.

24.- Abrogación de todos los tratados económicos y político militares que cancelan o debilitan el ejercicio de la soberanía nacional. Respaldo a los procesos de integración y unidad con América Latina y el Caribe.

25.- El papel de las fuerzas armadas es exclusivamente para la protección de la soberanía. Como país pacífico no participa ni en alianza con países o potencia extranjera.

26.- En la Nueva Constitución, las relaciones entre los pueblos y las naciones del mundo partirán del principio de la no intervención y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad y respeto a la diferencia, en una búsqueda constante de enriquecimiento de la propia cultura, rechazando toda forma de colonialismo y supremacismo, en particular del eurocentrismo que niega los aportes de las culturas africanas, asiáticas e indoamericana.

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