Son cada vez menos los espacios públicos en los que ciudadanos y pobladores podemos encontrarnos para compartir nuestras necesidades, nuestras aspiraciones y resolver en común el curso de nuestras vidas. Las plazas públicas, los mercados, las escuelas, subsisten como espacios de encuentro, en donde lo público prevalece sobre lo privado y en donde se tejen lazos de solidaridad; por ello reservan enormes potencialidades transformadoras y al mismo tiempo representan un obstáculo para la economía del libre mercado. No es casual que su destrucción sea objeto constante de gobiernos criminales que, haciendo un uso ilegal e ilegítimo del poder público, adecúan el territorio nacional a las necesidades de empresas trasnacionales de toda índole.
Así como hace 500 años y a fuerza de fuego y sangre se construyeron iglesias sobre las edificaciones y los templos de los pueblos que herederos de civilizaciones milenarias humanizaron el continente americano, hoy en un aire renovado de colonialismo se construyen centros comerciales sobre parques, colonias y monumentos históricos, proliferan las tiendas de autoservicio que venden comida chatarra sobre los tianguis y mercados sobre ruedas, y se ha desatado una embestida feroz contra la escuela pública como espacio de construcción del sujeto comunitario capaz de defender la nación y recuperar la personalidad histórica de nuestros pueblos, para poner en su lugar meros centros de capacitación de mano de obra especializada y superexplotable, ignorante de su historia y de su poder, adecuada a las necesidades del libre mercado.
Para consumar la ocupación neocolonial del territorio mexicano, constituyen una tarea fundamental la desarticulación de la escuela como espacio público de encuentro y de construcción de sujetos autónomos. Esta desarticulación no es reciente, ha avanzado a través de la modificación de los planes de estudio y de la sobrecarga administrativa que se impone a las escuelas privilegiando la evaluación sobre el resto de las actividades académicas y formativas. Ahora la embestida contra la escuela pública se expresa de manera más descarnada en la Contrarreforma Educativa, que pretende reducir al mínimo la planta docente (a través de un sistema de evaluación punitivo que pone en riesgo la permanencia de los maestros en su empleo), así como transferir la gestión escolar de manos estatales a manos privadas a través de estructuras como los Concejos Escolares de Participación Social y el programa “Escuelas al CIEN”.
A lo anterior se suma el “Programa de Reconcentración de Escuelas (PRE)”, recientemente anunciado por el secretario de educación pública, que pretende cerrar miles de escuelas rurales de nivel básico para concentrar a sus alumnos en escuelas urbanas con “mejor infraestructura” y maestros “mejor preparados”. La reconcentración educativa es en realidad una estrategia de contrainsurgencia para desarticular el entramado de organización comunitaria que se teje en torno a las escuelas rurales -pues la gran mayoría de ellas han sido construidas, gestionadas y sostenidas por las propias comunidades que las albergan- y consumar el desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas a centros urbanos como mano de obra barata, quedando sus territorios de origen deshabitados y dispuestos para el libre acceso de empresas mineras, forestales, agroindustriales etc. Puesto que las escuelas en el medio rural son ejes articuladores de la vida común, exigen la existencia de formas de socialidad y política esencialmente colectivas que se expresan en mecanismos comunitarios de toma de decisiones (asambleas).
En torno a las escuelas campesinas e indígenas (aún de carácter oficial) se construye un espacio de resistencia, de poder alterno al poder hegemónico, se constituyen mecanismos de toma de decisiones colectivas, se hace política y se forma a los sujetos que, conocedores de su territorio, son capaces de defenderlo, conservarlo y reproducirlo. El PRE recuerda la estrategia contrainsurgente implementada por el ejército inglés en Malasia durante la segunda guerra mundial y posteriormente por el ejército norteamericano en Vietnam, Salvador, Nicaragua y ahora en Colombia, que consistía en asentar-concentrar a la población civil en poblados protegidos y controlados (aldeas estratégicas) con la supuesta finalidad de facilitar la dotación de servicios básicos y ofrecer fuentes de empleo a sus pobladores, aunado a una fuerte campaña propagandística sobre los “beneficios” de estas medidas gubernamentales de carácter corporativo y paternalista, pero que en realidad pretendían el desarraigo de las personas de su territorio y la desarticulación de su vida comunitaria, por ser estos la base fundamental de la resistencia. En nombre de la “calidad educativa” de la “mejor infraestructura” escolar, el gobierno federal pretende asestar un golpe de muerte a la vida comunitaria campesina e indígena de nuestro país, germen de la resistencia y soberanía nacional.
Las reformas estructurales y particularmente la reforma educativa aparecen como los mecanismos legales que garantizan la ocupación del territorio en una estrategia bélica que no requiere aún de la intervención militar directa para lograr sus propósitos, pero que prepara el escenario para su entrada efectiva, como puede verse claramente en las iniciativas de Ley de Seguridad recientemente emitidas por el PRI y por el PAN, en donde – en violación flagrante a lo establecido por la constitución y un sinnúmero de cartas de derechos humanos y normas del derecho internacional-, el ejército estaría facultado para realizar tareas que corresponden a las fuerzas policiales, acentuando lo que a 10 años de la “guerra contra el narcotráfico” puede entenderse como un estado de excepción permanente y la creciente militarización de todo el entorno nacional, rasgos fundamentales para la constitución de una dictadura militar. Frente a este panorama, incluso al interior del ejército mexicano comienzan a aflorar visos de disgusto en incluso se adivina una oposición a la continuación de la guerra, que ha traído como resultados visibles el asesinato de más de 120 mil personas, más la desaparición y desplazamiento por violencia de miles de mexicanas y mexicanos.
Por otra parte, y avanzando en la ocupación neocolonial del territorio en términos culturales y económicos al interior de las urbes, la apuesta por la eliminación de la economía tradicional popular -tianguis y mercados, que representan uno de los legados fundamentales de nuestros pueblos originarios para la reproducción del tejido comunitario, de la solidaridad y del arraigo territorial- no es ninguna teoría de la conspiración ni especulación alguna. Baste revisar las declaraciones del Internacional Council of Shopping Centers (ICSC) y “Plazas Comerciales Passion for Shopping” sobre la “inminente desaparición de la economía tradicional”, caracterizada por ellos como una forma de “economía ilegal, criminal”, e incapaz de resolver las necesidades de la “clase media emergente”. Cabe destacar que la oferta cultural y de entretenimiento de dichos centros comerciales, que forma parte de las necesidades de la “clase media emergente”, sustituye de tajo las relaciones sociales que de manera tradicional se realizan en las festividades de barrios y pueblos, en los juegos colectivos, realizados en los espacios públicos, como puede ser una cascarita de futbol u otros deportes, o la sencilla plática que puede tener lugar en las bancas de un parque, imponiendo formas de relación que precisan forzosamente del consumo mercantil, y que además tienden a exacerbar el individualismo al erosionar la prácticas que han permitido la reproducción de la identidad comunitaria y arraigo al territorio, importando aspiraciones culturales que son presentadas como inocuas por medio del cine hollywoodense y otras formas de entretenimiento que de facto van naturalizando los aspectos coercitivos, individualistas, consumistas, competitivos, machistas, racistas y violentos del sistema actual.
Respecto a los aspectos económicos que representan dichos centros comerciales, el ICSC es enfático cuando afirma que para el 2020 en América Latina “el 59% de la población con una edad promedio de 38 a 35.9 años provendrá de la clase media y tendrá el poder adquisitivo suficiente para consumir más allá de lo básico”. Frente a estas afirmaciones, no podemos más que ser escépticos. En primer lugar, de continuar la actual tendencia de destrucción de las economías locales, se afectará directamente a los pequeños productores que aún resisten a la embestida del libre mercado, fundamentalmente campesinos e indígenas. Es decir, se agravará la descampesinización, se profundizará la migración a las urbes, así como el crecimiento del desempleo y la superexplotación, y se estará asestando un golpe definitivo a nuestra de por sí mermada soberanía alimentaria.
A contracorriente del supuesto “crecimiento de la economía y de la clase media” -pregonado por el gobierno, empresas y consorcios como el ICSC-, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, ha documentado de manera rigurosa los cambios del salario mínimo y la repercusión de esto en la vida de los trabajadores: El incremento sostenido en los precios ha tenido como consecuencia una contracción en el consumo y en la calidad de los alimentos. En 1987 con un salario mínimo diario un trabajador podía comprar poco más de una y media Canasta Alimenticia Recomendada (CAR), casi treinta años después, con un salario mínimo sólo se puede comprar el 35% de una CAR. En la actualidad, un trabajador debe laborar poco más de 22 horas, para poder adquirir la CAR. En palabras llanas: el recién aumento de 7 pesos al salario mínimo, es cuando menos, totalmente irrelevante. Lo que está ocurriendo en México y en gran parte del mundo, es la precarización de la clase media, aunado a una acelerada profundización de la pobreza general, y es precisamente este panorama el que está abonando el resurgimiento de una ultraderecha neofascista como la que representa Donald Trump.
En este sentido, debemos entender la defensa, liberación y construcción de los espacios comunes como escuelas, parques y otros centros comunitarios, como una tarea fundamental en contra de la ocupación neocolonial; además de que es desde estos espacios de encuentro donde podremos gestar alternativas reales al neoliberalismo. Son estos los espacios desde los cuales tendrá que articularse al sujeto comunitario para refundar la nación y aún más, son estos los gérmenes de la resistencia a nivel internacional desde lo cuales reside la única alternativa real, es decir, comunitaria, con posibilidades para frenar el ascenso mundial del neofascismo, ahora acechante no sólo en Estados Unidos, sino también en varios países de Europa como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, e incluso en América Latina, donde Macri (Argentina), Temer (Brasil) y los grupos en el poder dentro del contexto mexicano (por mencionar solo algunos ejemplos), comienzan a tomar notas del viraje económico y político de Estados Unidos, al que no tendrán más alternativa que sumarse para sobrevivir y continuar en el poder. Cómo bien dijera uno de los poetas y narradores más destacado de la guerra fría: debemos estar atentos y escuchar, está por caer una fuerte lluvia.
