Hace tres años en su segundo mensaje de año nuevo a la nación, Peña Nieto afirmó: “gracias a la reforma energética, por primera vez comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias. Además, a partir de este momento, en 2015 ya no habrá gasolinazos”. Quizás este patético personaje suponga que el pueblo no tiene memoria, al anunciar de manera cínica el aumento de los precios de los combustibles a partir del año que inicia y la absoluta liberalización de los precios de los combustibles pasado el mes de febrero.
El aumento de 14 y 20 % en el precio de las gasolinas, mismo que se sostendrá del primero de enero al 3 de febrero de 2017, para luego ascender a través de otros dos “ajustes” en la primera mitad de febrero y quedar sujeto a un incremento diario a partir del 18 de febrero del año que comienza, no es más que la primera consecuencia de la contrarreforma energética y un síntoma de la pérdida total del control estatal sobre los precios de los insumos derivados del petróleo. La rectoría Estatal sobre los precios de los combustibles, que protegía aunque fuese mínimamente, la economía de las miles de familias que habitamos este país, al subsidiar el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios) por ejemplo, se ha perdido por completo.
Ahora los precios de los combustibles y de todos los productos cuya generación y distribución requiere gasolina o diesel, es decir prácticamente TODOS los bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia, se encuentran sujetos a los designios del libre mercado, así como a los intereses, alianzas y pugnas de las empresas petroleras y gobiernos trasnacionales. Asimismo, las gasolineras dejarán de pertenecer a una sola empresa (Pemex) para convertirse en propiedad de diversas empresas privadas de capital trasnacional cuya competencia fijará los precios de los combustibles en el mercado interno. Contrario a lo que se pensaría, “liberar” el mercado de gasolina, no augura más que un salto a los brazos de la precarización y la generalización de la pobreza extrema, y un golpe definitivo para nuestra soberanía nacional.
La liberalización del mercado de combustibles y derivados del petróleo ahondará la brecha entre el monto del salario mínimo y el precio de la canasta básica, también se profundizará el hambre, la miseria y el desplazamiento forzado de poblaciones enteras en búsqueda de fuentes de subsistencia, situación que se adivina compleja frente a la hasta ahora declarada política antimigración de Trump. El aumento de los precios en los insumos agrícolas derivados del petróleo (la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes) volverá incosteable la ya de por sí golpeada vida campesina y encarecerá los precios de los alimentos. No solo se liberalizará el precio de la gasolina y diesel. El precio del gas LP que durante 50 años fue regulado por el estado, quedará sujeto al criterio de las distribuidoras de gas y a esto hay que agregar el aumento en las tarifas de electricidad y el inevitable aumento en las tarifas del transporte público y otros servicios.
No se necesitan armas convencionales para declararle la guerra a un pueblo. Los gobiernos de los últimos 30 años han elaborado un andamiaje jurídico (reformas estructurales) para legalizar los saqueos y la superexplotación de la mano de obra y recursos naturales de nuestro país, yendo en contra del contenido original, social y nacionalista, de la Constitución de 1917. Que no nos vendan falsas expectativas de libertad, la libertad que han construido las oligarquías gobernantes en los últimos 30 años, es la libertad que actualmente goza una minoría ínfima para enriquecerse a costa del pueblo mexicano, por medio del desvío de poder, tal como lo señaló reiteradamente el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos.
¿Cómo es que llegamos al gasolinazo del 2017?
Sí, fue por la aplicación de la reforma energética. Pero además es necesario señalar, que dicha reforma, es apenas la punta del iceberg, el último eslabón de un proceso de subordinación económica al imperialismo estadounidense, de neocolonización como destrucción de la soberanía nacional, y que al menos en el rubro petrolero, se remonta a la década de 1970. A continuación hacemos un resumen del trabajo de John Saxe Fernández, sobre “Fox y el desmantelamiento de PEMEX”, así como la ponencia de Andrés Barreda en el foro “Hambre y Petróleo”, en 2013, con la intención de aclarar los orígenes y alcances del gasolinazo, la reforma energética, pero sobre todo, sobre la política económica en la que se han enmarcado estas últimas dos acciones gubernamentales.
México durante el siglo pasado tuvo un crecimiento económico que permitió, aun con la corrupción y contradicciones económicas y políticas propias de nuestro proceso histórico, un desarrollo económico sin precedentes. De acuerdo con John Saxe Fernández, este desarrollo tiene sustento en las conquistas de la revolución mexicana, contenidas en la Constitución de 1917, en particular en los artículos 27 y 28, donde se decreta la recuperación de la propiedad, el control y manejo nacional de los recursos naturales y de manera especial de los hidrocarburos, situación que fue concebida por el entonces presidente de EEUU, Woodrow Wilson (1913-1921), así como por todos sus sucesores, como una amenaza que era necesario exterminar o neutralizar. Cuando en 1937, el general Lázaro Cárdenas del Río realiza lo establecido en dichos artículos, expresando el carácter social, nacionalista y soberano de la constitución por medio de la expropiación petrolera, el gobierno estadounidense y sus medios de comunicación no dudan en “denunciar” la nueva “dictadura petrolera” que encabezaba Cárdenas, (parece que el hábito no se les ha quitado, recordemos Cuba, Venezuela, Bolivia…).
Como resultado de la expropiación petrolera, así como de otras medidas que realizaban el contenido más progresista de la constitución de 1917, como la reforma agraria y el reconocimiento de derechos laborales, entre otros rubros, es que México alcanzó una tasa de crecimiento anual medio de 6.1% entre 1934 y 1982 con un notable mejoramiento de las condiciones de vida de la población; mejoramiento que ahora pareciera casi inexistente, y que contrasta con el crecimiento anual del PIB de las últimas tres décadas en las que hemos tenido fuertes crisis económicas, y que en el momento actual a duras penas alcanza el 2.4% para el año 2015. Cabe destacar que el desarrollo que empieza a darse en México a partir de la “dictadura petrolera” de Lázaro Cárdenas, genera una profunda inquietud en el imperio estadounidense, que teme que el modelo mexicano basado en la intervención del Estado para la regulación del mercado, con miras en el desarrollo económico y social de la población, y fundamentado en la soberanía del pueblo sobre su territorio y sus recursos, se comience a repetir en otros países de América Latina y del llamado tercer mundo, con la particularidad de que México poseía (y aún posee) una de las más grandes reservas de hidrocarburos de todo el mundo.
Por lo mismo, no sorprende que de manera constante, desde EEUU y desde las instancias internacionales al servicio de los intereses del imperialismo, tales como el Banco Mundial (BM), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se condenara de manera frecuente la “ineficiencia” de PEMEX, haciendo las evaluaciones de la empresa paraestatal, como si se tratara de una empresa privada dedicada a generar ganancias, cuando en realidad, la mayor parte de las ganancias era destinada para el gasto público y para el subsidio económico del país, dejando para la operación y desarrollo de la propia empresa una cantidad mínima pero suficiente para solventar su mantenimiento y expansión. Es decir, la tasa de ganancias, de manera intencional era mantenida a niveles bajos, por lo que la producción petrolera se convierte desde entonces en el principal pilar económico para el desarrollo independiente de nuestra nación.
Si la búsqueda de soberanía del pueblo mexicano había resultado molesta para el imperialismo desde que se redacta la constitución de 1917, y aún más cuando la letra comienza a cumplirse, especialmente con la expropiación petrolera; esta se convierte en una situación insoportable al entrar la década de los 70s, cuando la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) decide no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía -como era de esperarse- a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Es a partir de este momento que el Estado norteamericano junto con el BM y el FMI, comenzarán a desmantelar el panorama de bonanza y desarrollo económico de México, por medio de la silenciosa, lenta e impostergable recuperación de los recursos naturales mexicanos. Este es el núcleo y la antesala del neoliberalismo; para lo cual citamos a John Saxe Fernández, quien aclara que:
“En 1979 la consultora de Wall Street Blyth, Eastman, Dillon and Co., planteó el ‘paraguas geoestratégico e ideológico’ bajo el cual operaría el aparato diplomático y de seguridad nacional de EUA: “nuestra dependencia de las importaciones de crudo del Medio Oriente”, decía la consultora, ‘no tendría razón de ser si contáramos con una política norteamericana de energía que reconocieran la disponibilidad de recursos suficientes en nuestro continente que, ausentes las diferencias nacionales entre Canadá, EUA y México, pudiera satisfacer casi todos los requerimientos legítimos de energía de esos tres países…. Lo que se necesita es una especie de Mercado Común que integre los vastos recursos energéticos de América del Norte’ ”.
De acuerdo con Andrés Barreda y John Saxe Fernández, la “integración del Mercado Común”, y por lo tanto, el desmantelamiento de PEMEX, inician de manera palpable con el gobierno de Miguel de la Madrid, quien impulsa una amplia “reclasificación” de los recursos petroquímicos y estratégicos nacionales, para evitar las restricciones constitucionales que había para que empresas privadas y extranjeras pudieran participar en la extracción y procesamiento de dichos recursos. A esto le sigue el abatimiento de presupuesto para los programas de desarrollo petroquímico, lo cual provocará con el tiempo el que nos quedemos sin tecnología propia para extraer y producir nuestros recursos energéticos.
En 1995, Salinas de Gortari fragmenta la empresa paraestatal en cuatro unidades, tal como lo recomendara el BM en su documento “Country Strategy Paper-Mexico”, con el fin de a) descordinar sus funciones principales, b) generar vulnerabilidad e ineficiencia en las unidades, c) facilitar y justificar su subordinación a empresas transnacionales como Exxon Mobil, Chevron-Texaco, Halliburton, entre otras.
Durante el sexenio de Zedillo, se concluye la privatización dentro de las unidades de petroquímica básica y secundaria, y comienza la privatización de exploración, explotación y transporte de gas. Comienza la construcción de ductos, como los que hoy se están imponiendo como parte del Proyecto Integral Morelos y el Pacto por México.
Fox comienza su campaña electoral en Nueva York, anunciando el desmantelamiento y privatización de PEMEX, durante su administración se comenzará a establecer la tradición panista de hacer negocios privados para la distribución de GAS, como sucedió con Sergio Estrada Cajigal (Gas Nieto). En esta administración, comienza a especularse por medio de los “Contratos de Servicios Múltiples”, con la entrega de las reservas de hidrocarburos ubicadas en el noreste de México, específicamente, en la Cuenca de Burgos, sin embargo, por las reminiscentes candados constitucionales (situación que comienza revelar la necesidad de hacer una reforma para poder continuar con el saqueo), en este sexenio no puede avanzar la venta de las reservas.
Será Felipe Calderón quien haga entrega de estas importantes reservas a empresas españolas y estadounidenses, entre las que destaca Exxon Mobil. Además, será durante esta administración que se monte toda la ingeniería jurídica y desvío de poder político, económico y jurídico que faciliten la modalidad de aprobación “fast track”, para las reformas que habría de implementar Peña Nieto. Además, no podemos omitir el genocidio que ha significado la guerra contra el narcotráfico, iniciada por Calderón, como método para el desplazamiento y despojo de los territorios de los pueblos originarios, mestizos y de las urbes, como única forma de “limpiar el territorio” para que las trasnacionales puedan extraer “casi” sin resistencia nuestros recursos estratégicos.
Sí, la reforma energética aprobada por Peña Nieto, en el marco del Pacto por México como imposición de la agenda de Washington para México como país subordinado, finalmente termina por privatizar PEMEX. Pero para ser precisos, ya en el 2012, el 85% de PEMEX se había privatizado, y sin embargo, con ese 15% restante, PEMEX seguía siendo una empresa sumamente rentable, considerada en 2010 como la empresa número 95 dentro de la lista de empresas más grandes del mundo, con el primer lugar dentro de México y de América Latina; además de figurar como la 7ma compañía petrolera a nivel nacional. Es este inmenso 15%, el que termina de entregarse con la Reforma Energética, destruyendo una de los últimos eslabones de nuestra soberanía económica, energética, y por lo tanto, política.
Considerando la magnitud y potencialidad económica original de PEMEX, queda claro que el gasolinazo que abre el año en curso, así como la caída acelerada del salario durante los últimos 30 años, no han sido el resultado de una situación azarosa del mercado internacional: se trata de uno de los más grandes saqueos y de la destrucción de las condiciones económicas mínimas para la vida digna de un pueblo, todo esto con el objetivo de surtir al imperialismo estadounidense del preciado oro negro, para poder mantenerse como potencia mundial económica, política y militar, por medio del desvío de poder, la guerra convencional y posteriormente por medio de la guerra híbrida, más visible en Medio Oriente, pero igualmente violenta en México. En efecto, Estados Unidos declaró una guerra silenciosa contra México desde los 70s, como lo hiciera con las naciones de Medio Oriente solo que de manera abierta, para hacerse de los recursos petroleros del Tercer Mundo.
Por si fuera poco, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, el panorama continúa ensombreciéndose, más aún con los nombramientos que hace el magnate dentro de su gabinete (de cuya ratificación debemos estar pendientes), que confirman su vocación intervencionista y petrolera. Especialmente debe llamarnos la atención el nombramiento de Rex Tillerson, CEO de Exxon Mobil, como secretario de Estado, y de quien en editoriales pasadas, ya hemos comentado algunas de sus cualidades, así como su gran afinidad con Trump como negacionistas del cambio climático, aspectos que valdría la pena tener presente en adelante. Si bien es cierto que la magnitud del saqueo realizado durante el neoliberalismo en México no tiene precedentes, los cambios recientes al interior de Estados Unidos sugieren que, de no haber un cambio abrupto en los derroteros de nuestra nación y/o de nuestra nación vecina, apenas podría estar por comenzar el verdadero banquete del capitalismo e imperialismo estadounidense en México.
No todo lo que se mueve es pueblo…
El ataque a la economía provocado por el alza de los combustibles ha generado inconformidad. Germinan por todos los rincones las protestas, desde bloqueos carreteros y de vías férreas, como tomas de gasolineras y marchas. Las voces de descontento son diversas: la sociedad civil de manera mayoritariamente dispersa, partidos políticos desmemoriados de su apoyo al pacto y la reforma, empresarios impulsores de las reformas (como la Coparmex), e incluso desde las fuerzas irregulares al servicio del Estado y de la desestabilización provocada por el imperialismo, es decir, desde el narcotráfico.
Los partidos políticos han estado convocando a protestar contra el alza de los precios de la gasolina, omitiendo su responsabilidad como firmantes del Pacto por México, donde se comprometieron a aprobar la reforma energética, así como avanzar en la reforma educativa, fiscal, y las faltantes. Los gobernadores están convocando el 9 de enero en el DF a la reunión de la Conago (instancia de orientación para gobernadores estatales), con el fin de discutir qué hacer ante el alza, donde comparecerá el secretario de hacienda, José Antonio Meade. Como una escena de lo absurdo, la clase política buscará llamar a movilizaciones, cuando son ellos los responsables de la crisis. Su único propósito es no perder cualquier rastro de legitimidad que todavía tuvieran como representantes y garantes del bienestar del pueblo, para mantenerse en el poder y continuar así con el saqueo del país.
Los grupos de narcotraficantes como los Zetas y el Cártel Nueva Generación de Jalisco, han colocado mantas amenazando con la quema de gasolineras, situación que se antoja propicia para la continuación del caos y la violencia, lo que a su vez podría justificar un estado de excepción e incluso una intervención, ocasionado por la defensa de las empresas transnacionales, que vean amenazado sus intereses, todo lo cual estaría sustentado no sólo en la propia reforma, sino en los contenidos más nocivos para la soberanía del país del TLCAN y del NAFTA. Una vez más, se esperaría ver al ejército saliendo con pretexto de combatir al narcotráfico, cuando en verdad lo que se estaría generando, es un escenario de terror para contener el descontento, aún disperso y en gran medida espontáneo, de un pueblo que se manifiesta en contra de la destrucción de los últimos reductos de las condiciones económicas para el sustento de nuestras vidas, es decir, lo que el neoliberalismo no había podido barrer, o mejor dicho: lo que no había podido vender y privatizar.
¿Qué hacer?
En el horizonte inmediato, no aparece un referente popular independiente con la capacidad para dar cause y organicidad al descontento generalizado de la ciudadanía, situación que resulta sumamente peligrosa puesto que los inconformes quedamos expuestos a la manipulación de partidos políticos e incluso de grupos criminales cuyos intereses distan mucho de la construcción de la soberanía popular y la defensa de la nación frente a intereses particulares y empresariales. En este sentido, la construcción de un referente político con carácter moral, que ponga en el centro la construcción de un sujeto-popular organizado y democrático, capaz de discutir y definir las bases para la defensa de la nación y la construcción de un nuevo país, se convierte en una tarea fundamental e irrenunciable de las luchas populares que existen en el país y que se encuentran dispersas y desarticuladas. La construcción de espacios de confluencia y unidad que puedan convertirse en referentes de organización y articulación de las luchas y expresiones de inconformidad que brotan en todo el país es una una tarea indiscutible que debe guiar nuestro actuar como NCCP en el año que inicia. En este camino habrá que estar atentos a elementos que tienen la posibilidad de unificar las diferentes luchas y propuestas de organización, las cuales habremos de asumir como propias.
Por lo aquí expuesto, podemos concluir que no basta con echar abajo la Reforma Energética o modificar el IEPS : para volver a generar condiciones económicas con la posibilidad de revertir la miseria redoblada que hoy augura el gasolinazo de año nuevo y la liberación del precio de la gasolina que se espera para febrero, hará falta volver a expropiar todos nuestros recursos nacionales estratégicos, reconstruir PEMEX como una empresa nacional al servicio del gasto público y regida por principios del buen vivir y de respeto a nuestra madre naturaleza, terminar con los tratados de libre comercio y acabar con el endeudamiento que se ha gestionado desde el BM y el FMI, con el fin de subordinar y saquear a México.
Afirmamos que es posible volver a vivir dignamente, lo que hace falta, es un cambio profundo dentro del sistema, comenzando por una transformación total del Estado Mexicano. Para esto, no queda más alternativa que asumir la conducción del país desde el pueblo, y avanzar en la conformación de un nuevo pacto social, en el que se recuperen los aspectos más revolucionarios, sociales, nacionales, y comunitarios de la constitución de 1917, así como el reconocimiento de las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano que no se hallen en nuestra Carta Magna. Con las riquezas nacionales con las que a pesar de la rapiña, aún podríamos contar, es posible recuperar nuestra soberanía energética, alimentaria, ambiental, hídrica, económica y política. Aún es posible, pero sobre todo, ahora es urgente refundar la nación para terminar con la miseria, el saqueo y la muerte, con la devastación ambiental, la pobreza y con el neocolonialismo. En consecuencia, planeemos y analicémos colectivamente los caminos a seguir para rebasar el espontaneísmo y la dispersión; es hora de articular, organizar, sumar y multiplicar. Retomemos nuestras raíces para cambiar nuestra historia, y neguemos la negación de nuestro desarrollo histórico como civilización de la Mesoamérica Profunda.
