En un contexto de ascenso en la movilización y protesta social, sumado a una situación de vulnerabilidad exterior con crecientes amenazas desde la presidencia estadounidense, el gobierno mexicano y la élite dominante buscan apresuradamente aprobar la Ley de Seguridad Interior, iniciativa que legaliza los estados de excepción, faculta al Ejército y la Marina para realizar tareas de seguridad pública y cede la gobernabilidad del país a las fuerzas militares. Este marco jurídico representa un acto inconstitucional al violar el Artículo 129, el cual establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Esta ley es un acuerdo más del Pacto por México, firmado por el PRI, PAN y PRD, a través del cual se impulsaron y aprobaron las llamadas reformas estructurales neoliberales: educativa, laboral, financiera, telecomunicaciones y energética. Estas leyes han significado la entrega de la soberanía nacional, de nuestra economía, recursos, población y territorio a compañías y capitales trasnacionales, profundizando la condición de ocupación neocolonial de México y violencia estructural hacia la población. Este proceso ha ido acompañado de un creciente descontento social que se ha ido generalizado, cuya más reciente y radical manifestación ha sido el estallido social que se ha gestado a lo largo de todo el territorio nacional en respuesta al gasolinazo. Ante este escenario el Congreso pretende aprobar una ley de seguridad cuyo objetivo encubierto es intentar contener la ola de movilizaciones y protestas presentes y futuras.
En las transformaciones jurídicas que conlleva la iniciativa de ley se faculta al Ejecutivo federal para declarar estados de excepción (de manera unilateral y sin la aprobación del Congreso) y autoriza a las Fuerzas armadas para desplazar al ministerio público en la investigación de delitos cometidos por civiles. En el marco de esta ley se considera como amenaza a la seguridad interior “cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país” y legaliza el uso legítimo de fuerza, es decir, la utilización de ”técnicas, tácticas y métodos (…) para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave bajo la vigencia de una declaratoria de afectación a la seguridad interior”. Bajo una interpretación amplia el Ejecutivo federal podría considerar a las protestas como amenazas a la seguridad interna y de esta manera podría utilizar a las fuerzas armadas para suprimirlas. Asimismo, la ley autoriza la intervención de comunicaciones privadas y la utilización de cualquier método para obtener información, de esta forma propicia el uso de la tortura y la suspensión de derechos y sus garantías bajo la declaratoria de estado de excepción.
En 10 años de guerra contra el narcotráfico ha habido una militarización de facto de las funciones de seguridad pública del Estado, con el despliegue del Ejército y la Marina en las calles y su utilización en patrullajes y operaciones de seguridad civil; el establecimiento de retenes militares a lo largo y ancho del país y la designación de militares y ex-militares en puestos claves de las secretarías y órganos de seguridad pública. A su vez, se han venido desarticulando los sistemas de seguridad civiles tradicionales bajo el modelo de mandos únicos y se ha ido transformando a las policías civiles en cuerpos militarizados a través del entrenamiento y capacitación castrense. En la Constitución se establece que la seguridad pública tiene que estar exclusivamente bajo la función de órganos de seguridad civiles. Esto quiere decir que las fuerzas armadas (Ejército y Marina) no pueden realizar tareas de seguridad pública. De esta manera, tanto Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto han violado la constitución. Con la Ley de Seguridad Interior se legalizará la ilegalidad.
Este proceso de guerra y militarización del territorio nacional ha tenido como resultado el incremento descomunal de la violencia, la impunidad y la violación sistemática a los derechos humanos y colectivos de la población. Asimismo, se han documentado vínculos entre elementos castrenses y el crimen organizado. No se trata sólo de aislados soldados cooptados por el narcotráfico, sino de batallones enteros o militares de alto nivel involucrados en actividades delictivas.
Durante este periodo ha habido un fuerte intervencionismo de Estados Unidos en el diseño de los planes de seguridad nacional (y de guerra) en México. Las políticas norteamericanas en materia de seguridad hacia nuestro país son ejecutadas por el Departamento de Homeland Security, lo cual significa “seguridad del suelo patrio”. Es decir, México es visto como parte del perímetro de seguridad nacional (Contiguous Defense Zone) de Estados Unidos, país que considera nuestra frontera con Guatemala como la frontera sur de su territorio. Este injerencismo ha sido articulado a través de distintos planes de cooperación militar (en materia financiera, inteligencia, armamento, capacitación-entrenamiento y contrainsurgencia), como lo son el ASPAN (2005), la Iniciativa Mérida (2008), el Plan Frontera Sur (2013), entre otros; mecanismos que han transformado a nuestro país en un protectorado estadounidense. Esto ha conllevado a una vulneración de la función de la defensa nacional mexicana y una paulatina desnacionalización del Ejército y la Marina bajo el control y mando de las fuerzas armadas yanquis
El Comando Norte de Estados Unidos declara al respecto de la estrategia de seguridad impuesta en nuestro país: “(…) trabajamos con las fuerzas armadas de México enfrentándolos con la idea de que el enemigo vive entre civiles y no es un enemigo externo al país, como tradicionalmente se ha formado al ejército y armada”. Por ende, la tarea central consiste en “adiestrar las fuerzas armadas de México en áreas específicas, necesarias (…) para transformar a los militares (mexicanos) de una fuerza convencional, diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular donde el enemigo vive entre civiles (figura del enemigo interno)”. El imperialismo militar utiliza el discurso y estrategia del enemigo interno y del “Estado fallido” para aumentar su control sobre las fuerzas armadas mexicanas.
En el contexto de las constantes agresiones de la presidencia imperial de Donald Trump hacia el pueblo mexicano, ha habido declaraciones con un marcado intervencionismo militar hacia nuestro país al sugerir la utilización de las fuerzas armadas norteamericanas en el combate al crimen organizado, so pretexto de la incapacidad e inutilidad de nuestro país por hacerles frente de forma efectiva. De nuevo el discurso funcional del Estado fallido. Las Fuerzas armadas mexicanas y los planes de seguridad del gobierno, en lugar de buscar defendernos de una amenaza externa, están convirtiendo a la población en el enemigo interno justificando la militarización y el desmantelamiento del país. Es la estrategia de guerra contra la población y la Ley de Seguridad Interior es el marco legal para sostenerla y profundizarla.
Desde la Nueva Constituyente Ciudadana Popular debemos revertir esta condición y construir otro tipo de seguridad centrada en la paz con justicia y dignidad. Una seguridad sin guerra basada en la soberanía nacional. Una nueva seguridad desde la ciudadanía y los pueblos que parta de procesos y formas comunitarias de seguridad e impartición de justicia. Una seguridad donde se retomen las experiencias históricas de justicia que han desarrollado en México, como lo son las leyes implementadas por Villa y Zapata durante la Revolución. Una seguridad que recupere las experiencias de seguridad nacidas desde el ámbito popular: las rondas y policías comunitarias, guardias ciudadanas, grupos de autodefensa, vecinos vigilantes, entre otras, donde es la ciudadanía y los pueblos dentro del territorio quienes se encargan de la protección y cuidado de la comunidad, barrio o colonia. También debemos aprender de los casos más evolucionados en los procesos de seguridad popular que han logrado construir marcos diferentes de justicia, donde se prioriza el diálogo, la reparación de daños, la reeducación social de los infractores y las audiencias comunitarias y juicios bajo asamblea. Sólo desde el pueblo podremos formular una verdadera justicia y seguridad para México.
