Este año comenzó con una contra ofensiva del Estado en contra de las resistencias del país. En la costa de Guerrero policías, ejército y paramilitares asesinaron a ocho personas, detuvieron y torturaron a 22 luchadores sociales del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores al Proyecto Presa La Parota y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para liberar a un asesino a sueldo que pretendía liquidar a uno de los principales defensores de la comunidad en contra del Proyecto de la Presa y que defendía el sistema comunitario de justicia. En Mexicali, la policía estatal desalojó violentamente y encarceló a los opositores a un proyecto de Constelations Brands que quiere robar el agua para la producción de cervezas de exportación. En Chiapas se recrudece la violencia de grupos para militares en Chalchihuitán; en Oxchuc, paramilitares atacaron a la comunidad que expulsó a un Presidente Municipal contrario a los intereses del pueblo, asesinado a tres personas e hiriendo a más de veinte. La caravana del Concejo Indígena de Gobierno- Concejo Nacional Indígena sufrió un atentado de grupos paramilitares que amenazaron a reporteros. El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera fue detenido a partir de la fabricación de delitos por órdenes del gobernador del estado que ha sido evidenciado en su actuar criminal. Las protestas de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han sido violentamente reprimidas por la policía estatal; operativos violatorios de los derechos humanos terminaron con la detención de varios maestros, entre ellos de Alejandro Echevarría, ex integrante del Consejo General de Huelga de la UNAM, que fue víctima, una vez más, del escarnio de los medios y del gobierno.En las resistencias están las bases de la refundación de México. Por eso quienes se enriquecen y viven del desastre del país se empeñan en combatirlas, fragmentarlas y aniquilarlas. Imponen el terror y la muerte como forma preventiva o “lecciones ejemplares” para que las personas, aun reconociendo la necesidad de rebelarse, eviten hacerlo porque ya saben qué suerte tendrán. Cuando la gente se rebela y enfrenta al régimen la respuesta del Estado es convertir ese avance -en cuanto a desafío- en demandas de conciliación por la violencia cometida, esto es, obligarlas a poner en el centro de sus objetivos liberar a los presos, exigir justicia por los asesinatos, forzándolas a poner en segundo plano las demandas motrices.
La violencia opera contra quienes resisten y los que resisten son los más humildes de la patria. En un país con tanta acumulación cultural de rebeldía, de saberes y prácticas de lucha, de tantos referentes de héroes y heroínas populares, de fe y esperanza en que los cambios vienen cuando las fuerzas de los humildes se unen, organizan y levantan, esto resulta un gran problema para quienes dominan, porque tienen que implementar cada vez más sofisticados medios de control y terror para sostenerse. Para los dominantes es fundamental impedir que en sus tiempos de contienda política –elecciones- la gente se organice y ensucie su fiesta, sobre todo si las resistencias ponen en cuestión las formas en que el terror simula ser democracia.
Condenamos la violencia de Estado. Exigimos el cese de las agresiones y el respeto a la vida y derechos de quienes luchan. Pero no basta con emitir pronunciamientos que exigen al Estado que cumpla con una función que evidentemente ha dejado de cumplir. Nos solidarizamos con las luchas. Tenemos que fortalecerlas. Evitar, en lo posible, caer en las trampas de la represión y confrontar su mensaje de miedo con valor y esperanza de cambio, no reproducir el mensaje de temor que quieren reproducirnos y menos aún, hacer apología de nuestra derrota. Tenemos que rebelarnos en todo lugar del territorio nacional para hacer ineficaz la violencia en nuestra contra.
