La Constituyente pregunta:
¿Es la guerra contra el narco una estrategia estatal fallida?
Nadie niega que el narcotráfico haya proliferado en México de manera vertiginosa en los últimos sexenios, pero cada vez es más fallido el intento de presentarlo como una fuerza antagónica al estado y más evidente la motivación y respaldo de la criminalidad, desde las instituciones de gobierno, procuración de justicia e impartición de la ley, como medio para ejercer un control absoluto y violento del territorio nacional y de quienes lo habitamos.
El narcotráfico y el crimen son la excusa perfecta para desplegar una guerra de ocupación del territorio, que resulta victoriosa para quienes hoy dominan tanto si los territorios quedan en manos del narco como si quedan en manos de las fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, Marina y Policía en sus tres niveles), o en una especie de híbrido de ambos. En esta guerra el enemigo es el pueblo y el objetivo se cumple cuando se aniquila su capacidad para responder, cuando se impone el sometimiento por medio de la violencia y el terror.
El blindaje jurídico de esta guerra se ha logrado mediante la puesta en marcha de la ley de seguridad interior. Esta ley habilita al ejército para desempeñar tareas de seguridad pública y lo protege para no tener que rendir cuenta de sus operaciones a las autoridades civiles, incluso si son violatorias de los derechos humanos. Desde que las fuerzas armadas participan en labores de seguridad pública han aumentado exponencialmente los homicidios, cateos y detenciones ilegales, torturas, tratos crueles y ejecuciones extrajudiciales, convirtiéndose el 2017 en el más violento de los últimos 20 años.
La semana pasada, en Tamaulipas, un helicóptero de la marina disparo desde el aire a una camioneta en la que viajaba una familia, asesinando a dos niñas de 4 y 7 años de edad y a su madre y dejando gravemente herido al padre. Al siguiente día la SEMAR emitió un comunicado afirmando que “los impactos de bala que recibió el personal civil fueron a causa de fuego cruzado -entre elementos de la Semar y narcotraficantes- a nivel tierra y no desde el aire”, en contraposición a estas declaraciones las fotografías muestran los impactos de bala en el techo del vehículo ubicados de manera precisa en los sitios donde viajaban los pasajeros. Ante la exigencia de los familiares de las víctimas de esclarecer lo acontecido y hacer justicia, el asesor jurídico de la Semar declaró cínicamente que “Es lamentable que los familiares de las víctimas digan que la Semar disparó sólo para recibir una indemnización. Es lamentable que haya organizaciones que busquen indemnizaciones y no les preocupan las bajas de Fuerzas Armadas”.
Con estas declaraciones del Ejército (Marina) se revela claramente la estrategia bélica que ha desarrollado el Estado mexicano: resulta demasiado costoso que sea un ejército regular el que aniquile a su propio pueblo, es mejor construir un responsable de rostro difuso, el Narco, que actúa fuera del marco legal y que constituye la excusa perfecta para que las fuerzas de seguridad se desplieguen en el territorio nacional, ahora al amparo de la LSI. No se trata de una estrategia estatal fallida de combate a la delincuencia, sino de una estrategia premeditada y criminal para eliminar y controlar a la población civil, dejando de esta forma el terreno libre para que mineras, petroleras y toda clase de trasnacionales se llenen los bolsillos con las riquezas nacionales.
La constituyente propone
En vísperas de las elecciones nadie habla de la guerra que vivimos en este país, desde la Nueva Constituyente pensamos que es fundamental alzar la voz, denunciar que la democracia institucional es una mera simulación en tanto los ciudadanos sigamos siendo el el blanco principal de la guerra criminal que ha emprendido el Estado.
Creemos que es fundamental encontrarnos quienes habitamos en todos los rincones de este país, los que sufrimos la violencia, el desplazamiento forzado, la pobreza, la negación de nuestros derechos más esenciales, con el objetivo de refundar nuestra patria, es decir, construir nuestros propios sistemas de seguridad, nuestro propio sistema de justicia, nuestra propia ley y nuestro propio gobierno. No renunciemos a esa tarea, siempre ha sido el pueblo el constructor de su presente. Para anular nuestra capacidad creadora nos han querido hacer creer que debemos delegar nuestras vidas en manos de quienes “saben” de gobernanza. Pero ahora no cabe duda que el Estado no sólo ha renunciado a su papel de garantizar los derechos del pueblo y la soberanía de la nación, sino que se ha convertido en el organizador de su destrucción. Debemos colocarnos a la altura de la vida, no de la muerte.
