Querétaro, Qro., 28 de febrero de 2017
H. Congreso del Estado de Querétaro
LVIII Legislatura
Presente:
ACUSE DE RECIBO (Entregada a cada diputado)
Escribimos la presente para demandar a la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro que DETENGA LA APROBACIÓN de la iniciativa de ley, presentada el pasado 2 de febrero de 2017, por el Lic. Marcos Aguilar Vega (MAV), titular del Ayuntamiento de Querétaro, para autorizar la colocación de casetas de vigilancia y controles de acceso a fraccionamientos en el municipio de Querétaro.
Esta demanda se basa en que dicha iniciativa viola los artículos 1º y 11º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igual que varios artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, así como los artículos 178º y 180º del Código Urbano del Estado de Querétaro. Por otro lado, la solicitud se basa en la previsión de que su operación agravará considerablemente los problemas que pretende resolver.
En las siguientes líneas se exponen los ARGUMENTOS:
- Los problemas de violencia e inseguridad que se viven en todo el país, incluido Querétaro, se usan como justificación de dicha iniciativa, aunque, en verdad, son consecuencia del modelo económico dominante, que promueve graves desigualdades socioeconómicas, injusticias y una ideología individualista tal que genera una sociedad dividida en “inferiores” y “perdedores”, por un lado, y “superiores” y “triunfadores”, por otro lado.
- Tanto la distribución del empleo como la inacción o ineptitud de las autoridades de Querétaro, junto con otros factores, son responsables de la situación de inseguridad vigente, pues permiten –y, aún, promueven– que las ciudades crezcan desaforadamente, que impulsan la separación entre clases sociales privilegiadas y grupos populares, áreas habitacionales que cuentan con todos los servicios, mientras que dejan áreas habitacionales populares abandonadas y con graves carencias. Legalizar y contribuir a ahondar dicha separación, como pretende hacerlo el Ayuntamiento de Querétaro, es una forma ingenua –por no decir perversa– e irresponsable de dar solución a un problema altamente complejo.
- La iniciativa mencionada es contraria al espíritu de nuestra Carta Magna, que sostiene que todos los mexicanos son iguales ante la ley y, en el último párrafo del Artículo 1º señala: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, y al derecho de libre tránsito por todo el territorio mexicano, sin excepción, sustentado en el Artículo 11º.
- Una iniciativa que implica separar a los habitantes de Querétaro en gente de “adentro, que merece ser protegida” de la “gente de afuera, sospechosa” equivale a afirmar que hay gente con derecho a privatizar calles (que, por definición, son públicas) y gente que no tiene acceso a ese presunto derecho; ello sigue una lógica similar a la del apartheid, en diversos lugares del mundo, o a validar un muro de separación entre pueblos o entre barrios, como el que pretende establecer Donald Trump entre México y los Estados Unidos. Además, los intentos de disminuir la violencia, consistentes en colocar rejas o muros, para proteger a unos ciudadanos de otros, no sólo han sido del todo ineficaces en la historia de la humanidad y de México, sino que han contribuido a agravar el problema.
- Dicha iniciativa viola también la Ley General de Asentamientos Humanos (como el Artículo 4º II sobre equidad e inclusión): [El Estado deberá] Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos.
- Esa iniciativa busca legalizar las violaciones a los Artículos 178 y 180 del Código Urbano del Estado de Querétaro, violaciones que algunas personas vienen cometiendo de facto, quienes así buscan resolver sus problemas por propia mano, ante la falta de atención a las leyes de parte, precisamente, de funcionarios públicos del Estado de Querétaro.
- El Artículo 178 del Código Urbano del Estado de Querétaro señala: “Las calles o vialidades locales que se generen al interior de un fraccionamiento, tendrán el carácter de vías públicas de libre acceso a la población, las que deberán ser transmitidas gratuitamente por el desarrollador en favor del Municipio que corresponda, mediante escritura pública, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio”.
- El Artículo 180 del mismo código señala: “En las vías públicas de los fraccionamientos, no se permitirá la construcción de bardas, cercas o el funcionamiento de accesos limitados o controlados”. Reformar dichos artículos (como pretende la iniciativa de MAV) abre las puertas a la privatización del territorio mexicano y entra en contradicción con la Ley General de Asentamientos Urbanos, en los que se especifica que los espacios públicos no se pueden privatizar.
- El Artículo 11º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes…”.
- La iniciativa de MAV incurre en abierta contradicción cuando propone que: “La vigilancia de los controles de acceso deberá estar a cargo de una empresa de seguridad privada acreditada; y en todo momento deberá garantizarse la libertad de tránsito que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El último enunciado de este párrafo constituye una forma engañosa de evadir la reforma necesaria del Artículo 11 de la Carta Magna, que tendría que promoverse para que la iniciativa mencionada no la contradiga.
- Por otro lado, constituye una privatización de los espacios públicos, lo que reforzará la actual tendencia del Ayuntamiento Municipal a evadir su responsabilidad respecto a dar servicios a esos lugares “privados”.
- La declaración del Presidente de la Junta de Coordinación Política en la LVIII Legislatura del Estado, diputado Luis Antonio Rangel Méndez, es apresurada y tendenciosa, cuando afirma, antes de haber realizado el análisis y las consultas necesarias, que: “se trata de una iniciativa que tiene un amplio consenso, porque cuenta con la unanimidad de los diferentes grupos parlamentarios representados en el municipio de Querétaro y también con el visto bueno de la Junta de Coordinación Política; es una iniciativa que nos favorece a todos, quienes queremos que a Querétaro le vaya bien (…)”. (Según se publicó el 2 de febrero de 2017 en diversos medios locales, (p.e.: com/43-legislatura-1/2683-reciben-diputados).
Según se ha señalado públicamente, dicha iniciativa “será sometida a consulta de algunas organizaciones ciudadanas”, sin aclarar cuáles serán los criterios para seleccionar a las organizaciones que se habrá de consultar ni por qué sólo a éstas. Por otro lado, es necesario señalar que no es legítimo ni justificable someter a consulta lo que constituye principio fundamental del Estado de Derecho, ya que los derechos ciudadanos responder al interés público, que no pueden ser coartados por intereses privados; si así sucediese, se podría desmantelar, rápida e impunemente, los fundamentos sociales –y sus leyes y ordenamientos respectivos–, que costaron al pueblo de México, a lo largo de su historia, luchas y vidas.
La presente carta es MANIFESTACIÓN DE PROFUNDO DESACUERDO CON DICHA INICIATIVA, y expresa LA EXIGENCIA, a los representantes del pueblo, de que ASUMAN SU RESPONSABILIDAD de representantes de la voluntad popular y a que, en su condición de legisladores, impidan que se concreten las violaciones aquí señaladas.
En espera de su respuesta por escrito a esta demanda, según el Artículo 8º Constitucional, quedamos de ustedes,
Atentamente:
Las organizaciones abajo firmanes suscriben el oficio dirigido a la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Querétaro, del 28 de febrero de 2017, demandando que DETENGA LA APROBACIÓN de la iniciativa de ley, presentada el pasado 2 de febrero de 2017, por el Lic. Marcos Aguilar Vega (MAV), titular del Ayuntamiento de Querétaro, para autorizar la colocación de casetas de vigilancia y controles de acceso a fraccionamientos en el municipio de Querétaro.
