El agua es el bien común más fundamental para la vida, el recurso más necesario para el desarrollo de cualquier sociedad. Es un elemento que se inserta prácticamente en todas las actividades humanas y su uso ha estado presente en todos las formas de sociedades y modos de producción. Sin agua, no hay vida. Sin agua ningún tipo de sociedad puede existir.
El agua y la tierra son una unidad: ambos elementos se combinan para generar riqueza. Sin agua la tierra está fragmentada. Sin tierra el agua se diluye en el vacío. Así lo entendían los zapatistas de Morelos cuando luchaban no sólo por recuperar las tierras y montes, sino también las aguas, de las que habían sido despojados durante cuatro siglos de colonización. Esa unidad también quedó plasmada en el Artículo 27 de la Constitución de 1917. Ahí se estableció que las tierras y aguas, como unidad, son propiedad originaria de la Nación, son un bien común público nacional.
Sin agua, no hay tierra. Sin agua, no hay patria. Por lo tanto, la lucha por el agua es la lucha por la tierra, por el territorio y por la Nación.
Frente a esta importancia el gobierno neoliberal, acompañado de grandes capitales transnacionales, ha emprendido un proceso gradual de despojo y privatización de los recursos hídricos.
Han sido numerosos sus intentos por privatizar completamente el agua y sus servicios. Un caso reciente a nivel nacional fue el intento por aprobar en 2015 la llamada Ley Korenfeld, ley de aguas nacionales que pretendía la privatización del líquido en todo el país, entre otras medidas. Dicha ley se logró detener antes de ser aprobada gracias la denuncia de diversos centros educativos, organizaciones sociales, comunidades y pueblos en lucha.
En días recientes el gobierno federal busca impulsar otra ley similar, que apunta a la misma estrategia de privatización del líquido a escala nacional. Esta vez es impulsada por el diputado priista José Ignacio Pichardo, el alfil de los capitales que buscan apropiarse de los recursos hídricos del país. Aunque su aprobación está en la incertidumbre debido al escenario electoral actual, no debemos bajar la guardia ante la embestida privatizadora.
Otro de los intentos por privatizar el agua pero a nivel estatal fue el caso de Baja California. En diciembre de 2016 se aprobó una ley estatal de aguas que privatizaba los servicios hídricos, incrementaba las tarifas y negaba el derecho humano al agua, entre otras medidas. La ley duró aprobada exactamente un mes. Tras las masivas protestas de rechazo del pueblo bajacaliforniano el gobierno tuvo que abrogarla.
Al ser cancelada, se le quitó un pie a los planes privatizadores y al negocio que estaba en el fondo: la exportación de agua a California. El otro pie de este plan son los grandes proyectos de infraestructuras hídricas como plantas desalinizadoras, acueductos y plantas potabilizadoras, impulsados por un puñado de transnacionales bajo la figura de asociaciones público-privadas, así como la instalación de industrias altamente consumidoras de agua en sus procesos, como es el caso de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Gran parte de la lucha que inició tras el levantamiento popular de enero de 2017 se ha centrado en combatir este otro pilar privatizador.
Pero el tema no acaba ahí. Ahora el gobierno neoliberal de Baja California, al igual que el federal, busca aprobar una nueva ley estatal de aguas privatizadora, la cual es una versión modificada de la ley abrogada y es impulsada por el sector empresarial de la entidad.
Frente a ello, desde hace un mes el comité local de la NCCP está impulsando, en conjunto con otras organizaciones, la construcción de una Ley Ciudadana y Popular de Aguas de Baja California. Un proceso de articulación desde las colonias y barrios populares, desde los ejidos, poblados rurales y comunidades indígenas de Baja California. Una propuesta que ponga en el centro las necesidades y la organización del pueblo en torno a la defensa y gestión del agua. Una ley popular hecha desde la gente y para la gente.
Creemos que el tema de la lucha por el agua en Baja California y de la exportación del líquido a California no es una asunto local, ni estatal, ni incluso, regional. Es un asunto nacional. Es una tema fundamental de soberanía mexicana. Es la cúspide de la entrega del territorio nacional a las transnacionales. Es la cima de la subordinación de México a Estados Unidos. De este tamaño tiene que ser la respuesta nacional frente a esta problemática.
