El golpe de Estado que vive el pueblo hondureño desde hace un par de semanas exige nuestra atención y nos obliga a mirar hacia las entrañas de nuestra propia patria, también dominada, también impedida en su soberanía. Quizás esta de sobra decir que la ilegalidad del proceso electoral en Honduras comenzó desde que actual presidente Juan Orlando Hernández (JOH), se incorporó a la contienda electoral, violando la ley constitucional que prohíbe la reelección desde hace 35 años en este país; después vino el apagón del sistema de conteo de votos por alrededor de 36 horas, cuando el candidato de la oposición aventajaba por un 5% al contendiente ilegal, y su reanudación con un sospechoso viraje a favor JOH; finalmente un reconteo amañado amparado por la OEA, que reconoció a nivel internacional la victoria fraudulenta de la dictadura. En Honduras y en México el fraude electoral, los golpes de Estado “blandos” y el endurecimiento del aparato policiaco-militar como medio para contener y controlar a la población son practicas de sobra ensayadas. También es de nuestros pueblos conocida la sumisión de quienes encumbrados en los hombros del pueblo renuncian a defender la voluntad popular.
Si vamos a las causas del golpe en Honduras podemos encontrar mas coincidencias con nuestra propia realidad, como explica el periodista Luis Hernández Navarro, una de las principales causas del golpe es consumar la implementación de las zonas de empleo y desarrollo económico (Zede) que la alianza de oposición encabezada por Nasralla amenazaba por abrogar. Las Zede son una medida que pretende la consesión de territorios y poblaciones enteras al capital trasnacional, consiste en crear zonas de “desarrollo económico” (industrias, puertos, centrales de energía eléctrica, etc.) que sirvan como puntos nodales para la generación y el flujo de mercancías, que no estén sujetas a las leyes nacionales, ni al pago de impuestos y que cuenten además con su propia policía. En pocas palabras las Zede son un nuevo esquema de ocupación colonial que habilita al capital trasnacional para apoderarse del territorio haciendo uso de una fuerza policiaca propia y que lo exenta de cualquier obligación o sanción legal. La implementación de las Zede fue aprobada en 2013, lo que costó la destitución y persecución de 4 magistrados inconformes y el despliegue del ejercito alrededor del Congreso.
El parecido de las Zedes con las Zonas Económicas Especiales (ZEE) propuestas por el gobierno de Peña nieto no es ninguna coincidencia, el esquema es el mismo, como mismo es el destino que el capital trasnacional tiene previsto para los países de América Latina: “zonas exclusivas para el capital. Con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos y reglas laborales propias”. Apenas en septiembre de este año, el gobierno de EPN aprobó las tres primeras ZEE en el territorio nacional: Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos que comenzarán a operar en el primer trimestre del 2018. Según declaraciones de Gerardo Gutierrez Candiani, Jefe de la Autoridad Federal para el desarrollo de las ZEE, las Zonas Económicas Especiales están “blindadas” ante el cambio de gobierno federal, “no son un proyecto sexenal sino un proyecto del Estado mexicano propuesto por el ejecutivo, avalado por el Constituyente y por todos los partidos políticos”. ¿A que se refiere Candiani con que las ZEE están blindadas para el cambio de gobierno?, posiblemente a dos aspectos, 1) que ninguno de los partidos contendientes cuestionará su ejecución pues como el mismo explica se trata de “un proyecto de Estado”, y 2) que se esta organizando desde el Estado todo un andamiaje jurídico y consolidando un aparato policiaco-militar para garantizar su cumplimiento. La aprobación en días recientes de la Ley de Seguridad Interior apunta en ese sentido, ya que de acuerdo con Carlos Fazio “faculta a los militares para realizar tareas de seguridad publica (prevención e investigación de delito, detenciones y peritajes penales, etc.), bajo un esquema de seguridad nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas)” y que habilita al Presidente de la República para aprobar la suspensión de garantías y el estado de excepción. “El objetivo es que las fuerzas armadas actúen como un ejercito de ocupación para garantizar la instalación de empresas trasnacionales,…como las conformadas por la ZEE”.
Luis Hernández Navarro explica que otra de las razones del golpe en honduras es la narcopolítica. JHO articula una red de intereses que involucran lavado de dinero y mafias criminales que necesitan que el presidente ilegal continúe en el poder para garantizar su impunidad y continuar sus negocios. Nuevamente seria iluso pensar que la transición electoral del 2018 en México no implicará una serie de acuerdos y arreglos entre el partido electo y las mafias criminales que controlan hoy buena parte del territorio nacional. Frente al proceso electoral, los grupos criminales también cierran filas y confirman sus afinidades.
Lo que esta claro es que para el 2018 en México ningún partido esta cuestionando de fondo los intereses trasnacionales, el proyecto de ocupación neocolonial de nuestro territorio que sigue en pie y que, como declara Candiani, está blindado por el Estado Mexicano. Por eso desde la NCCP afirmamos que la transformación del país debe fraguarse desde las entrañas del pueblo, en el ámbito electoral la capacidad de acción es limitada, la oposición a los proyectos de ocupación colonial debe planearse y organizarse desde el pueblo, desde ahí debemos de pensar no solo como defendernos, sino actuar a la ofensiva, iniciar nuestros propios proyectos de gobierno, de seguridad, de salud de educación.
