El asesinato, el jueves pasado, de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y el diario El norte de juarez, es el último de los más de 20 asesinatos que han sido perpetrados de 2012 a la fecha contra periodistas y comunicadores en el estado de Chihuahua, mismos que forman parte de las más de 120 ejecuciones extrajudiciales cometidas contra integrantes de este gremio de 2006 a la fecha y en las que existe una clara responsabilidad de grupos criminales, gobiernos en los 3 niveles, autoridades policiacas y militares. Los constantes asesinatos e intimidaciones a comunicadores que informan con apego a la verdad, han situado a México en el quinto lugar entre el listado de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, siendo particularmente grave el caso de los estados de Veracruz, Guerrero y Chihuahua.
Miroslava Breach documentó a lo largo de su carrera periodística la imposición de candidatos del PRI y PAN involucrados con el crimen organizado en las presidencias municipales del estado de Chihuahua, la colusión de las autoridades en el establecimiento de corredores de trasiego de drogas, el destierro y despojo de familias enteras en la sierra rarámuri por el narcotráfico y empresas mineras nacionales y canadienses, el envenenamiento con cianuro del suelo y los mantos freáticos por la extracción de minerales del subsuelo, la lucha de los pueblos indígenas y ejidatarios contra los talamontes ligados al crimen organizado, el asesinato y desaparición forzada de cientos de mujeres y hombres por el crimen y autoridades políticas y militares. Su trabajo conformó una radiografía detallada de las redes criminales que operan en el estado con el apoyo de los gobiernos locales y federal, y da cuenta de la actuación de un estado que, de manera criminal, desvía el poder público en beneficio del interés privados. Su voz fue silenciada con la muerte.
El asesinato de periodistas en nuestro país es una faceta más de un estado de violencia permanente organizado desde las más altas esferas de poder del estado mexicano. La proliferación del crimen y la guerra no convencional que vivimos en México y que arroja cifras espeluznantes e inadmisibles (en menos de 12 años han sido asesinadas más de 200 mil personas, 26 mil desaparecidas y 350 mil familias desplazadas por la violencia) no es consecuencia, como muchos afirman, de los vacíos de poder que ha dejado el Estado ni de su gestión fallida. Se trata en cambio de una política de estado premeditada que impone la violencia como medio de control y ocupación territorial para facilitar la operación de empresas criminales y trasnacionales de diversa índole. Esta política ha llevado a consolidar el crimen (tráfico de drogas, armas, trata, etc.) como uno de los pilares de la economía nacional.
Actualmente la economía criminal representa el 10 % del PIB, es decir 150 mil millones de dólares anuales, de los cuales entre el 40% o 45% provienen del tráfico de drogas, alrededor del 30 al 32% del tráfico de personas con fines sexuales o laborales y otra parte significativa de secuestros y extorsiones. En su programa Rompeviento TV, el periodista Luis Hernández Navarro revela que entre 450 mil y 500 mil personas se emplean en el negocio de los estupefacientes, “esto es más de tres veces el personal contratado por petróleos Mexicanos, la principal empresa del país”. La economía criminal se ha convertido en la gran empleadora de los cientos de miles de jóvenes que arrojados al desempleo y ante la falta de acceso a la educación han incursionado en la producción, transformación y trasiego de drogas, en el secuestro y el sicariato como medios de subsistencia.
El crecimiento de la economía criminal ha avanzado también a través de una guerra cultural: en los últimos años hemos observado la proliferación de series, peliculas y música que ensalzan la vida criminal. El paradigma de éxito es el narco (siempre hombre) bien parecido, que dispone a su antojo de drogas, armas y mujeres (porque las mujeres en el mundo de la narcocultura son reducidas a meros objetos sexuales), que desprecia la vida y que está convencido de que salir de la pobreza es una cuestión de astucia. Baste mirar o escuchar, sin afán de mal juzgar preferencias musicales, los videos de música norteña de Calibre 50, Enigma Norteño, Gerardo Ortiz, El Komander. El provervio “mejor vivir un año como rey que 100 años como guey” sintetiza la vida de miles de jóvenes y niños mexicanos que día con día se incorporan a las filas del crimen, obligados por la precariedad económica, la violencia y la cultura ficticia de la vida fácil y efímera que ofrece el crimen organizado.
La estrecha relación entre quienes detentan el poder del estado y los grupos criminales fue evidenciada de manera desgarradora por el caso Ayotzinapa en 2014. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el GIEI, en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales, uno de los cuales fue tomado por los jóvenes normalistas la noche del 26 de septiembre. La protección del citado cargamento movilizó de inmediato a la policía municipal, estatal y al ejército, quienes recibieron la orden de impedir la salida de los autobuses. Esa noche 5 personas fueron asesinadas, 43 normalistas desaparecidos y 22 personas heridas a manos de la policía y el ejército. A la fecha los gobiernos en sus tres niveles no han esclarecido los crímenes ni castigado a los responsables; cabe suponer que el cargamento de heroína continuó su tránsito hacia el vecino país del norte, dejando en nuestro país una estela de dolor y sangre. Un estado que organiza su aparato policiaco-militar para proteger el trasiego de drogas a costa de la vida de su pueblo no merece más que llamarse criminal.
Pese al dolor y la rabia que ha marcado las vidas de los millones de mexicanos que vivimos esta guerra perpetrada por el Estado, miles de voces nos hemos levantado a lo largo y ancho del país para exigir el esclarecimiento de los crímenes, miles de familias y organizaciones civiles hacen dia con dia una búsqueda exhaustiva de sus familiares desaparecidos o ultimados a manos del crimen, la policía y el ejército. Como se relata en la sección “Historias de rebeldía desde los pueblos” de este boletín, este mes de marzo se cumplen 6 años del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que en 2006 reunió las voluntades y la palabra de cientos de comunidades y organizaciones en todo el país en la exigencia de justicia por el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra el pueblo en el contexto de la llamada “guerra contra el narco” implementada por el gobierno de Felipe Calderón. Desde la NCCP sabemos que la lucha por la refundación del país desde los pueblos pasa necesariamente por poner alto a esta guerra y hacer justicia por nuestros muertos y desaparecidos, si bien sabemos que no podemos dejar de exigir y denunciar a las autoridades involucradas, el esclarecimiento de los crímenes, el castigo a los culpables y la reparación de los daños, también sabemos que es necesario apostar por la construcción de una organización desde el pueblo que expulse del poder a quienes mal gobiernan y que ponga manos a la obra en la creación de sistemas de seguridad y justicia desde los pueblos como medida para garantizar la vida con dignidad y la paz, estamos conscientes de que ambas tareas deben trabajarse de manera simultánea.
