DF. Foro «Coyuntura política, terror de Estado y elecciones»

Pronunciamiento de la Constituyente:

EMERGENCIA NACIONAL
Por sus consecuencias políticas, los cambios operados en el gabinete de Enrique Peña Nieto y el nombramiento de Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte, deben verse como una especie de declaración de facto del estado de emergencia nacional por parte del gobierno. Una situación donde el poder ejecutivo se adjudica poderes especiales para garantizar el control de los poderes legislativo y judicial. Además de la subordinación y el uso arbitrario de las fuerzas armadas federales, estatales y municipales, incluidas las pertenecientes a los ejércitos irregulares que formalmente maneja la delincuencia organizada. Todo en contubernio con las corporaciones de la comunicación, de las que Televisa es la más representativa. Estamos en la antesala de la instalación de un régimen de excepción que avanza hacia la dictadura cívico-militar-mediática. El despido de Carmen Arístegui, junto a la intentona de profundizar los procesos de privatización del agua y la represión contra la CNTE en Guerrero y los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California apuntan en esa dirección.

Estamos frente a una nueva declaración de guerra del Poder Ejecutivo, similar a la planeada por Felipe calderón, aunque de consecuencias más imprevisibles y dramáticas. Es la salida ofrecida por el régimen y el Estado mexicano a la crisis política derivada de las masacres de Tlatlaya e Iguala y a las protestas suscitadas en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables del crimen de Estado.

Un régimen de excepción para mantener el curso de las reformas estructurales; la destrucción de la propiedad social de la tierra, la privatización de la energía el agua y el saqueo generalizado de los fondos vida de obreros, campesinos y clases medias, empresarios medianos y pequeños. Nuevas cargas impositivas, recortes al gasto público, caída salarial y precarización de los trabajadores petroleros, electricistas, docentes y servidores públicos, entre otros.

Una nueva dictadura cívico-militar-mediática para contener el descontento generalizado de las mayorías nacionales ante la putrefacción del Estado y el gobierno mexicano; ante una nueva crisis donde la devaluación del peso, la caída de los precios del petróleo, de las materias primas y la debacle de las finanzas públicas son sólo la punta del iceberg.

Detrás de las determinaciones recientes de la camarilla oligárquico-imperialista, representada por Enrique Peña Nieto, existe un cálculo sobre la correlación de fuerzas, acerca del grado de aceptación de sus políticas, que esperan legitimar en las jornadas electorales que concluyen el próximo 7 de junio. En primer lugar ellos suponen que el grueso de los descontentos, que se han movilizado desde el 26 y 27 de septiembre, poco más de un millón de personas, representan a la totalidad o a la mayoría de las personas que en estos momentos manifiestan desconfianza y algún tipo de rechazo hacia el régimen y el gobierno en turno. Se equivocan, los movilizados sólo son la espuma de una crisis de credibilidad que paulatinamente se va convirtiendo en una crisis de Estado que incluye a los tres órdenes de gobierno, a los medios de comunicación y al propio ejército y policías. En realidad son millones; muchos más de los 16 que votaron contra el PRI y el PAN en 2012. La crisis de credibilidad incluye también a sectores de base del PRI, PAN, PRD, VERDE y otros. Y a millones de personas que no suelen concurrir a las urnas.

En segundo lugar, suponen que para mal gobernar a favor de las trasnacionales les basta el apoyo político que esperan recibir del próximo proceso electoral. Según sus encuestas (Mitofski), estiman que el PRI sólo perdió entre 10 y el 12 por ciento de simpatías por el crimen de Iguala, por lo cual su caudal de votos sólo llegará al 30 por ciento del total nacional. Sin embargo esto no les preocupa porque en su contabilidad general, la que indica el grado de aceptación de sus políticas, incluyen los votos del Partido Verde, los del PAN y Nueva alianza que abiertamente comulgan con el PRI, más los de un sector del mismo PRD. De tal menera, según sus estimaciones, su mayoría rondaría los dos tercios, como sucedió cuando todos o casi todos esos partidos formaron el “Pacto por México”, para imponer las “Reformas Estructurales”.

Aunque el asunto no es tan simple. Si en la próxima jornada electoral tan sólo vota el 40 por ciento de la población nacional, la mayoría electoral de los que pregonan su apoyo al capitalismo neoliberal, dos tercios del total de los votos, estaría constituida sólo por el 27 por ciento de mexicanas y mexicanos. Si le rascamos más el apoyo que presumen se reduce dramáticamente. Porque en México las elecciones siguen siendo de Estado, resultado de la compra del voto, la coacción y el fraude, procedimientos que se han convertido en elementos constitutivos de un régimen electoral faccioso y corrompido hasta la medula. Más de la mitad de los sufragios en México están determinados por estas prácticas. Así las cosas, acabaran gobernando con el respaldo de un 15 por ciento de la población, si bien les va.

Saben que el margen de legitimidad proyectado en el proceso electoral no basta para gobernar por medios ordinarios, menos en un contexto de descontento creciente, de crisis económica y desastre nacional. Por lo mismo, han decido escalar el terror de Estado. El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa inaugura una nueva etapa de sus estrategias represivas. Ahora los enemigos ya no son sólo los delincuentes sino los opositores al proyecto de ocupación neocolonial de nuestro país. El enemigo interno es ahora cualquier ciudadana o ciudadana. En esta nueva fase, el envilecimiento y la bestialización de las fuerzas armadas resultan cruciales para garantizar el orden y la obediencia a un estado y a una clase política criminales. La denuncia que hace el relator de la ONU sobre la aplicación generalizada de la tortura, constata lo que afirmamos.

Creemos que las decisiones de implementar por la vía del hecho el Estado de Emergencia Nacional en México, va de la mano con la renovada ofensiva de Obama y del Estado yanqui en contra de Venezuela y su gobierno que fueron tipificados de amenaza excepcional hacia la seguridad nacional de los Estados Unidos. Que las políticas de Peña Nieto son parte de esa política imperial global que tiene entre otros destinatarios a Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina.

En tales circunstancias, la sociedad civil y el pueblo de México deben declarar su propia alerta de emergencia que nos prepare ante las intentonas represivas y dictatoriales de la clase política y de las trasnacionales. Que articule las resistencias cotidianas contra los efectos de la crisis y las privatizaciones con la resistencia nacional; que cimente una estrategia para la refundación de la nación y del Estado mexicano para construir y tomar el gobierno desde las autonomías, el poder ciudadano, comunitario y popular. Esos son los problemas a resolver en la actual coyuntura histórica. Es en tal marco problemático que debemos discutir, entre otros asuntos, el proceso electoral que concluye el 7 de junio venidero.

En términos generales, una vez mencionadas las proyecciones del bloque gobernante para el proceso electoral en ciernes y la relación que guardan tales expectativas con el ajuste estratégico de su proyecto de dominación inmediato; ahora es conveniente señalar que el destino inmediato de las fuerzas populares y de sus luchas no se juega en las elecciones del 7 de junio. Que más allá de legítimas aspiraciones y derechos de sectores ciudadanos y de organizaciones sociales y comunitarias, que harán uso de su derecho al sufragio esperando influir en los asuntos públicos a pesar de las limitaciones, debemos discutir las maneras en que podemos coordinar los esfuerzos de todas y todos los que cuestionan a la clase política, independientemente de si van a votar o no, de si boicotean o no el proceso electoral. En ese sentido el dilema no es votar o no votar, como aconsejan tanto los que llaman a votar por los partidos liberal progresistas, como quienes hacen del abstencionismo y el anti-electoralismo el centro de su accionar político.

Aunque en el marco de la resistencia y la desobediencia civil pacífica nosotros apoyamos y hacemos nuestras las acciones de rechazo a la clase política, a la alta burocracia estatal y a las trasnacionales, votando o no votando. Cabe decir que nosotros no estamos en contra de las elecciones, del derecho al sufragio, a darnos el gobierno que mejor responda a los intereses de las mayorías nacionales: mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas e indígenas-mestizos, jóvenes y clases medias. Estamos en contra de que el sufragio sea, mayormente, la mascarada que legitima a un régimen antidemocrático, que ha devenido criminal y excluyente, racista y patriarcal; en un espacio que pretende legitimar los intereses de la burguesía imperial, de las clases antinacionales y antihumanas. Estamos porque el gobierno deje de ser de los partidos políticos. Queremos que el gobierno sea de la sociedad civil. Para lo cual, tendremos que instituir nuevas formas de participación política ciudadana y comunitaria, portadoras de una nueva ética liberadora, ajena a las prácticas depredadoras y neocoloniales propias de la clase política reinante. En esa línea se ha colocado nuestra iniciativa de Constituyente Ciudadana Popular, nuestro proyecto de construir un Comité para la Refundación Nacional.

Creemos que la solución a la crisis actual y a la catástrofe humanitaria está más allá del 7 de junio. La superación de la crisis radica en la construcción de un proceso de nuevo gobierno, en la elaboración de un nuevo pacto social o proceso constituyente, que hace de la participación ciudadana y comunitaria su razón de existir. Pensamos que poco aportamos si enfatizamos las diferencias dentro de la sociedad civil, entre quienes votan o no. Sería conveniente aprovechar las discusiones que se suscitan en torno a las elecciones del 7 de junio, con el fin de reflexionar y acordar, en la medida de lo posible, el camino, la ruta o rutas que desde la resistencia y la desobediencia civil pacífica podemos emprender para que se vayan los responsables del desastre nacional, los causantes de la pobreza, la violencia y la inseguridad en que nos debatimos las mayorías nacionales. Se trata entonces de reflexionar sobre las estrategias para dar paso a la solución de los problemas nacionales, a la construcción de un nuevo gobierno; de ponernos de acuerdo entre nosotras y nosotros, las mayorías nacionales para ponerles un hasta aquí a los criminales que hoy lucran con la tragedia nacional y humana.

Comisión de Facilitadoras y Facilitadores de la Constituyente Ciudadana

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