De las injusticias que hemos sufrido en México los últimos días, una de ellas causa especial indignación puesto que se nos presenta como un hecho cotidiano: el pasado 2 de noviembre, cuatro jóvenes de 16 años, estudiantes de la Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM-Plantel Jojutla) fueron brutalmente torturados y asesinados sin que a la fecha se tenga información sobre los responsables del crimen. Este asesinato se suma al hallazgo, en meses recientes, de 4 fosas clandestinas excavadas por la fiscalía del mismo estado –una de ellas con 117 cuerpos- y a la oleada de asesinatos que en promedio han cobrado la vida de más de una persona diariamente, sumando ya más de 3,700 víctimas, principalmente jóvenes, en los 4 años que van de la administración del perredista Graco Ramírez (2012- 2016). El acostumbrarnos a convivir con la muerte, con la violencia estatal, con el terror y el dolor es una forma más de silenciarnos, de aislarnos, paralizarnos e incluso normalizar una forma de supervivencia que es ya inhumana.
Esta violencia extrema y violación sistemática de los derechos humanos en morelos es consecuencia de la operación de grupos criminales que actúan con la complicidad y protección del gobierno y la policía del mando único, en lo que constituye una estrategia orquestada desde el Estado para despojar a los pueblos de su territorio y espacios comunes, sin aparecer como el responsable directo del despojo. El pueblo morelense vive en un estado de terror mientras que el gobierno se lava las manos atribuyendo los crímenes a ajustes de cuentas entre grupos de narcotraficantes o particulares, al mismo tiempo que simula la “limpieza” de las corporaciones policiacas al destituir funcionarios menores. Este mismo esquema de simulación ocurrió en el Estado de guerrero tras la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a manos de efectivos del ejército mexicano y policía local. En este punto cabría preguntarnos si se trata de una mera coincidencia o si más bien nos enfrentamos a una estrategia de ocupación y despojo, planificada desde el estado y ejecutada a través de la violencia y el terror, para adecuar al territorio, sus recursos y sus habitantes a las necesidades del libre comercio, del que México se ha convertido en el laboratorio por excelencia a nivel mundial, tal como lo reveló el Tribunal Permanente de los Pueblos.
El despojo y saqueo sin precedentes de nuestros bienes y recursos nacionales, ha crecido a la par de la violencia contra quienes habitamos este país, especialmente las mujeres y los jóvenes, recordemos por ejemplo que fue en Ciudad Juárez, donde el concepto de feminicidio encontró su expresión más paradigmática a nivel mundial. Ahora, en estas tierras marcadas por la violencia, encarna de manera cada vez más clara el juvenicidio, crimen de lesa humanidad que consiste en el exterminio de la juventud por parte del Estado, ya sea de manera directa (por las fuerzas policiacas o militares), o por la descomposición del tejido social, la destrucción de las condiciones mínimas y derechos básicos para la vida digna, situación que deriva en la negación de futuro para la juventud y las generaciones por venir.
El terror, la inmovilización y la destrucción de la juventud, se han convertido en condición para que el régimen actual siga gobernando. Ni el desvío de poder jurídico -es decir, la creación de leyes y reformas que favorecen exclusivamente a los intereses privados por encima de los derechos del pueblo- ni el adormecimiento de conciencias a través de la repartición de migajas por vía de programas como la “Cruzada contra el hambre” y similares, son ya suficientes para silenciar a un pueblo que se ha declarado en contra de los proyectos del mal gobierno al servicio de empresas transnacionales. Entre ellos se encuentran hidroeléctricas, presas, minas, casas de “interés social” que cubren miles de hectáreas de las llamadas “ciudades dormitorios” o “cinturones de miseria”, cuya triste asimilación los acerca más a la idea de campos de concentración, en donde las condiciones de hacinamiento y aislamiento se encargan de desintegrar los lazos comunitarios dejando espacio a la violencia en todas sus formas.
Cabe destacar que el asesinato de Alejandro Medina Juárez, Melesio Pizaña Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín, estudiantes de la preparatoria de Jojutla, se ha dado en contexto con la movilización amplia de varios sectores de la sociedad que han marchado -junto a la UAEM como articulador fundamental- exigiendo la renuncia de Graco Ramírez.
El jueves 3, durante la ceremonia luctuosa de estos cuatro jóvenes, fue creciendo el grito de cientos de universitarios y familiares a la voz de: ¡Justicia, Justicia, Justicia! Dependerá del pueblo morelense y de todas y todos nosotros, es decir, de la NCCP y otros esfuerzos organizativos a nivel nacional, que este grito se vuelva acción y organización para que cese de una vez por todas el exterminio hacia la juventud y hacia la población en general.
