El pasado 20 de diciembre el Congreso del Estado aprobó la Ley Estatal de Aguas, iniciativa del gobernador Francisco Kiko Vega que pretende, entre otros aspectos, la privatización del servicio de agua potable y el corte del suministro tras 90 días de impago. Estas medidas anti-constitucionales representan un gran agravio al pueblo bajacaliforniano y ante ello, diversos colectivos, organizaciones y ciudadanía estamos planeando una serie de acciones de protesta y mecanismos legales para defender nuestro bien común más fundamental para la vida.
La nueva ley de aguas contempla la construcción de cuatro plantas desalinizadoras ubicadas en Rosarito, Isla de Cedros, Ensenada y San Quintín, respectivamente. En una nota fechada en junio de 2015 se señala que la planta desalinizadora de Rosarito, en construcción bajo asociación público-privada, exportará 150 millones de litros de agua al día al sur de California. Con esta información se entiende que la Ley Estatal de Aguas pretende resolver la escasez de agua, no de Baja California, sino de la Alta California, estado que se encuentra en una grave crisis hídrica desde hace algunos años. Esta misma dinámica ocurrió con la crisis energética de California de 2001, tras la cual diversos proyectos de generación de energía eléctrica se desplazaron hacia territorio bajacaliforniano. Estos proyectos consisten en plantas termoeléctricas, eólicas y solares cuya producción tiene como destino el mercado eléctrico del sur californiano.
La entidad se ha convertido en un espacio neutralizador de las diversas crisis (económica, energética, hídrica, etc.) que ocurren en California y en dicho proceso se han generado grandes negocios para la clase político-empresarial que gobierna al estado, misma que se ha trasnacionalizado e integrado de manera subordinada a la burguesía californiana que históricamente ha pretendido apoderarse de la península entera.
Baja California ha sido un estado punta de lanza para la implementación de diversos proyectos y programas neoliberales que después son desplazados al conjunto del país. Fue la primera entidad en la que ocurrió la llamada «transición» política, al ganar el PAN las elección a la gubernatura en 1989 e iniciando un mandato local ininterrumpido de 27 años que continúa hasta la fecha. Dichos comicios se llevaron un año después del levantamiento popular-electoral que condujo al fraude de 1988 y el comienzo del pacto PRI-PAN (y partidos satélites) para gobernar el país desde un bipartidismo made in USA. Desde entonces Baja California se convirtió en un bastión del panismo y en un estado sub-soberano alineado a los planes del capital estadounidense.
Es por ello que creemos necesario frenar dicha ley y detener los planes del gobierno por privatizar el agua, ya que no sólo afectará al pueblo de Baja California, sino que, tras este experimento, se buscará implementar en otros estados, lo que constituirá un mecanismo alterno de aprobación de la fallida Ley Korenfeld, que se pretendió implantar a nivel nacional.
¡El agua es un bien común y un derecho humano y colectivo!
¡No a la privatización del agua en Baja California!
¡Renuncia Kiko Vega!
Consulta y firma el pronunciamiento que elaboramos: http://bit.ly/NoALaPrivatizacionDelAguaBC
