El mal gobierno ha llevado a nuestro país al desmantelamiento, para ello han implementado las reformas estructurales, siendo el sector educativo, uno de los ámbitos centrales de la disputa.
Como parte del desmantelamiento, se ha recortado en un 15. 8 % el presupuesto en educación, dentro del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, vemos como la SEP gastó 1, 963 millones de pesos en propaganda en solo un año. Este recorte del presupuesto ha afectado al pago a los maestros, como es el caso de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), del sistema de educación media superior abierta, por lo que desde diciembre no les pagan a los y las maestras; esto también explica la falta de pago a los estudiantes de posgrado en todo el país por CONACYT, así como a las múltiples universidades estatales que se han quedado sin recursos y han tenido que movilizarse como la universidad de Michoacán o la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la que le han condicionado el apoyo a reducir el número de alumnos, por mencionar algunos casos.
Los derechos de los maestros están en riesgo frente a una política que prioriza la evaluación docente por encima de la capacitación, la experiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaaje en contextos adversos y sumamente diversos. Dicha evaluación es realizada por Instancias privadas, siendo estas las que determinan el proyecto educativo de nuestro país, califican a los maestros de acuerdo a sus parametros, determinan cuales son las capacidades que deben tener los maestros, así como los contenidos a enseñar y la permanencia o no en su empleo. Dentro de las evaluaciones se prioriza el desarrollo de las tecnologías, sin embargo, no observa que no todas las realidades tienen acceso a las tecnologías. Que existen en nuestro país fuertes desigualdades, producto del desmantelamiento de la industria de nuestro país, la entrega de recursos a privados o las prácticas de los caciques de favorecerse de la miseria de la población. Los maestros han venido organizándose desde los 80´s en la CNTE para defender la educación y su fuente de trabajo, y por ello han sido criminalizados por el estado.
Otro gran problema de la educación hoy, pasa por la criminalización de la juventud. Los hechos de violencia en la UNAM, han propiciado que las autoridades crearan una campaña de criminalización a los propios estudiantes con la frase “No es tu amigo, es un narco”, así como el acuerdo reciente de las universidades de permitir que la policía ingrese a los campus para vigilar, lo cual es violatorio a la autonomía universitaria y en décadas pasadas ha marcado con sangre nuestra historia, siendo la represión hacia el movimiento estudiantil del 68 o la huelga universitaria del 99 dos ejemplos paradigmáticos de esta situación. También dentro del nivel superior tenemos las amenazas constantes de desmantelar las educación normal rural, la cual el gobierno ha criminalizado por tratarse estudiantes de escasos recursos con un gran sentido de lo comunitario y de lo nacional. Tanto las universidades las normales han sido espacios de organización que empieza como algo meramente estudiantil, pero que siempre amenaza con volverse algo mucho mayor.
Como Constituyentes nuestro proyecto de refundación debe incluir el tipo de educación que requiere nuestro país, para ello podemos ir trabajando leyes populares con el pueblo, que permite trazarnos el tipo de educación y las formas de cultura que se requiere para la la refundación de México.
