Palabras de Don Raúl Vera en la presentación pública de la Constituyente Ciudadana-Popular en Chiapas

Constituyente Ciudadana-Popular

Un México para todas las mexicanas

y para todos los mexicanos

Raúl Vera López

Hace 21 años desde estas tierras del sureste mexicano, se levantó el clamor de nuestros hermanos del pueblo maya para denunciar la usurpación de la legalidad de parte del supremo gobierno; denunciaban desde entonces, que nuestra carta magna ya no representaba la voluntad popular de los mexicanos y que era necesaria “una nueva ley para nuestra patria nueva” y para ello lanzaron una Convocatoria para una Convención Democrática cuya finalidad era “organizar la expresión civil y la defensa de la voluntad popular”.

Hace poco más de un año, en la ciudad de México, el 15 de noviembre de 2014, se proclamaba la Sentencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos, quien, después de haber trabajado durante tres años en México, procesó los resultados de lo que se tituló el Capítulo México de dicho Tribunal, donde escuchó, a través de más de 40 Pre-audiencias y 11 Audiencias Temáticas cerca de 500 quejas de casos de violaciones a los derechos humanos de miles de mexicanos, a lo largo y ancho de toda nuestra Patria. Dicha sentencia, en su apartado No. 4, que titula “La Rebelión del Dolor en México” expresa la variada y sistemática cantidad de violaciones de tales derechos, contra miles de personas en nuestro país.

Literalmente expresa el TPP en su apartado 4, que se trata de “agravios e impactos masivos que afectan a una gran parte de la población, que cuestionan el papel del estado como elemento regulador de los conflictos y protección de los derechos humanos, y ponen frente al espejo una situación dramática, muchas veces aún silente, otras veces como un grito desgarrado que debe ser escuchado.”

Me referiré en esta palabra que dirijo a ustedes esta mañana, a este Apartado 4 de la Sentencia Final del TPP, que describe la desgarradora situación en la que se encuentra nuestro país actualmente, narrada ante ese Tribunal, por las personas que se presentaron a lo largo de esos tres años de su Trabajo en México a poner sus quejas.

“El análisis de todas estas situaciones vividas –añade el Tribunal- muestra que México se encuentra en una encrucijada, que no puede ser postergada ni se puede ocultar tras la evitación de los problemas, su reducción a casos aislados o la invisibilización del papel del Estado y de las responsabilidades de sus élites políticas. Esta situación no solo supone una tragedia hoy en día, sino que compromete de forma grave el futuro de la sociedad.”

El TPP reconoce “el papel protagónico de las víctimas, de la sociedad y los pueblos que forman parte del sentido y de la riqueza de este país, y sus formas de resistencia”, y lo reivindica como “la base para cualquier proceso de reconstrucción del tejido social.”

Bajo el subtítulo de “Violencia estructural, ambiental y directa”, la sentencia final del TPP México dice lo siguiente:

Mientras los Estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa, poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o el arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o la educación, se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo y se ha dado una destrucción acelerada de la naturaleza.

Las agresiones ambientales más frecuentemente señaladas (ante el Tribunal) incluyen la destrucción de fuentes de agua, bosques y vida campesina, la sobreexplotación de acuíferos y contaminación ambiental con agrotóxicos o la contaminación transgénica.

Las luchas contra toda esta depredación de México, el Tribunal denuncia que lleva consigo “frecuentes formas de persecución a las y los defensores ambientales con detenciones arbitrarias e incluso asesinatos.”

Bajo el título de “Exclusión social, migración y violencia” se denuncia lo siguiente:

Estas condiciones de exclusión han llevado a un fenómeno de migración colectiva que afecta especialmente a los y las jóvenes, que son los que tienen más posibilidades de inserción en los mercados laborales del norte y a la vez expropia a México de una humanidad convertida en capital de inversión para la economía de Estados Unidos.

“Mientras tanto México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. En un territorio peligroso donde se desprecian sus derechos, y donde sus vidas pasan a manos de redes de un tráfico de personas, a tal escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del Estado y autoridades de diferentes territorios”, denuncia el Tribunal.

Mientras el Estado dice no saber, o atribuir la responsabilidad de todo ello a las circunstancias, las organizaciones que trabajan con migrantes han documentado de forma muy clara y a veces dramática su situación. Si hay un territorio en el que los derechos hayan sido abolidos en México, ese es el territorio de las rutas de migración que atraviesan el país de Sur a Norte, enfatiza el Tribunal.

El Estado no ha escuchado a estas víctimas y testigos, ni mucho menos ha puesto en marcha políticas de prevención de la tortura, de atención a los migrantes o de protección de los territorios, ni parece haber escuchado las propuestas y demandas de quienes conocen de cerca dicha problemática.

Bajo el subtítulo “Entender la dinámica de la violencia” el Tribunal Permanente de los Pueblos denuncia lo siguiente:

Entender la práctica y la dimensión de la violencia contra la población civil en México es, a la vez que una necesidad, un enorme desafío. Para denunciar esto, el tribunal hace un poco de historia: en los años 70, especialmente a partir de la matanza de estudiantes de Tlatelolco, intentó acabar con la oposición política.

Más adelante la lógica contrainsurgente llevó en algunas zonas del país, especialmente en Chiapas con el alzamiento zapatista (…) a una política de control del tejido social como una nueva forma de hacer la guerra, con la creación de grupos paramilitares y el estímulo de la división y el enfrentamiento comunitario. Todo esto dentro de la lógica de control de la población y del territorio

En la última década, las historias y casos escuchados por este Tribunal muestran que las versiones siempre generalizadas sobre oscuras redes de criminalidad ligadas al narcotráfico ocultan también la responsabilidad o la ausencia de respuestas del Estado como condiciones necesarias para ese horror a gran escala.

México se ha convertido en un gran terreno de frontera no solo geográfica, sino económica y política con Estados Unidos y la relación de subordinación tradicional, que es a la vez la frontera Norte/Sur. En esa gran frontera, que empieza en Chiapas y termina en Baja California, una buena parte del territorio nacional se ha convertido en corredores controlados o Estados fallidos en los que la implicación del Estado federal es evidente.

Bajo el título “Las víctimas y sobrevivientes” el denuncia lo siguiente:

“El TPP ha escuchado numerosos testimonios del horror, a través de las voces de muchas mujeres víctimas y sobrevivientes, periodistas amenazados, indígenas cuyos territorios son codiciados y cuyas formas de vida están en peligro, comunidades afectadas por devastación ambiental entre otros muchos. Los datos del horror también están sujetos al baile de las estadísticas que convierte las biografías de millones de mexicanos y mexicanas afectadas por la violencia en números que muestran lo que esconden.

Y el Tribunal recomienda: México necesita un estudio del nivel real de impacto de la violencia y de las políticas que deben llevarse a cabo para la prevención y atención a las víctimas desde una perspectiva integral.

Y bajo el título “Aceleración del impacto y consecuencias a largo plazo”

En la última década México ha vivido una aceleración del impacto de la violencia, concentrada especialmente en la población joven, y que hipoteca el futuro de la sociedad. Mientras los gobiernos se terminan cada seis años, los impactos de la violencia son acumulativos en el tiempo.

Continúa diciendo el Tribunal: “Las decenas de miles de desaparecidos no son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente, y cuyos impactos se prolongan en la responsabilidad de los perpetradores o la necesaria investigación y justicia por parte del Estado que no se cancela con el tiempo.

Bajo el título de “Rol del Estado y desmantelamiento de derechos” el TPP denuncia:

“En México, donde las condiciones de riqueza de recursos naturales, de corrupción sistémica, de grave desigualdad social y pobreza, y redes de criminalidad basadas en el narcotráfico, el Estado ha ido perdiendo su rol regulador y de protección de los derechos de las grandes mayorías y suprimiendo progresivamente sus garantías.”

Basándose en la fuerte evidencia que de forma reiterada fue reiterada en las distintas audiencias, el TPP constata “la responsabilidad de las autoridades de diferentes gobiernos en el desmantelamiento de las garantías legales, especialmente con sucesivas y continuas reformas constitucionales, que han ido implicando una pérdida de los derechos de la población mientras aumentan las garantías para las empresas transnacionales o las élites económicas.”

Sigue afirmando el Tribunal: “Las decisiones políticas que comprometen el futuro son tomadas por autoridades elegidas, pero muchas veces corruptas, o que obedecen a criterios e intereses de su propio beneficio o son parte de las políticas de empresas transnacionales que buscan maximizar sus beneficios a costa de las nuevas generaciones”.

Y afirma con contundencia: “Especialmente relevante es la reforma del artículo 27 constitucional de la propiedad de la tierra ejidal y comunal, que supuso una expropiación de derechos y garantías sobre el uso y pertenencia de la tierra y sus recursos”.

“Estas políticas y prácticas muestran cómo se han presentado como pretendidas políticas de desarrollo verdaderas acciones de despojo a las que, posteriormente, se ha proporcionado cobertura legal.”

Y continua diciendo que así “el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de transnacionales o los intereses de las élites económicas”

Para probar lo anterior, hace referencia a la “reciente prohibición de la Corte Suprema de Justicia de realizar consultas o referéndum sobre aspectos que tengan que ver con ingresos y gastos” Esto que correspondería originalmente a la política fiscal y también es sujeto de las demandas populares. Por lo tanto el Tribunal afirma que esta prohibición “supone en la práctica un candado legal para el desarrollo de la participación, y por tanto del poder fundacional de la democracia en la sociedad mexicana”.

Ante esta situación como la que vive México, que a su debido tiempo denunciaron los habitantes originarios de estas tierras, hace 21 años. Hoy, por medio del Tribunal Permanente de los Pueblos, está dibujada la situación del país en todas sus latitudes, de modo que ya no son solamente nuestros hermanos y hermanas mayas los que piden un nuevo pacto social, somos todos las y los mexicanos.

De la misma manera que ellos contribuyeron a la construcción de una ley indígena justa que nunca entró a la Constitución, ahora todas y todos los mexicanos queremos una nueva Constitución que reflejo un nuevo pacto social en el que todas y todos quedemos incluidos. Y en donde nuestros pueblos originarios estén representados, con toda su riqueza cultural y sabiduría milenaria y donde las y los mexicanos tengamos la garantía de un verdadero modo de gobernanza que nos facilite el encuentro fraterno y justo que nos abra el camino hacia el verdadero progreso. Ya no queremos ese desvío de poder, en donde la autoridad que delegamos en un gobierno se pervierta, para poner nuestros recursos personas, para poner nuestros recursos y nuestro territorio al servicio de las empresas multinacionales y de los gobiernos y de los Estados de donde provienen, sino al servicio de todos los mexicanos y mexicanas que queremos paz con justicia, que queremos desarrollo con vida digna, que queremos un México en donde todas y todos seamos incluidos para que podamos construirlo y administrarlo en beneficio de todas y todos nosotros.