La Constituyente opina
En el mes y medio que ha transcurrido desde el primero de julio, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha tenido numerosas y repetidas reuniones con diversos representantes de la oligarquía empresarial nacional y trasnacional. El resultado de estas reuniones ha sido la anunciación de la puesta en marcha (una vez que el próximo gobierno entre en funciones) de una larga lista de megaproyectos entre los que se encuentran el Tren Maya, la reforestación de un millón de hectáreas en el sureste mexicano, el NAICM, el Corredor Transístmico y las ZEE, todas megaobras que los gobiernos anteriores han tratado de imponer topándose con un enorme rechazo de los pueblos y comunidades afectados, que está por demás decir, jamás han sido consultados sobre su viabilidad y por el contrario, han sido violentamente reprimidos por oponerse a ellos. En vísperas del cambio de gobierno el gran capital privado se frota las manos y mira con optimismo la disposición de AMLO a llevarlos a cabo.
El Tren Maya es uno de los proyectos más ambiciosos del nuevo gobierno, pasará por los estados de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en una ruta de 1,500 kilómetros de recorrido. La inversión será bajo un esquema de asociación público-privada, la cual está estimada entre 120 mil y 150 mil millones de pesos. El objetivo del tren es “detonar el turismo y el empleo” en el sureste de México y la Península de Yucatán.
En cuanto al controvertido NAICM, el pasado viernes 17 de agosto se anunció que en octubre próximo se realizará la consulta para tomar la decisión sobre la cancelación o continuación de la obra en el Lago de Texcoco. El representante del nuevo gobierno anunció que si se “opta” por seguir con su construcción, se buscará un esquema de inversión privada; esto pese a que la mayoría de los documentos del dictamen técnico sobre la viabilidad del aeropuerto en el ex-lago, son desfavorables, en términos de impacto ambiental, urbano, hídrico, geológico, social y financiero.
Tres días antes de este anuncio, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y representantes de las comunidades afectadas por la construcción del NAICM realizaron una marcha y protesta frente a las instalaciones de la casa de transición de AMLO, en rechazo al proyecto, exigiendo una mesa de debate y la consulta a los pueblos originarios ribereños del Lago de Texcoco. La consigna dirigida al presidente electo fue “¡No le des el avión al pueblo!”.
¿Por qué continuar con la consulta ante tantos argumentos en contra del proyecto? ¿Por qué revirar a la promesa hecha en campaña, sobre la cancelación del mismo? ¿Será porque la suspensión definitiva del NAICM atenta contra los intereses de grandes capitales, hoy en “matrimonio” con el futuro gobierno? ¿Por qué no tomar en cuenta a los pueblos afectados?
Otro megaproyecto anunciado es la continuación y ampliación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), cuyo principal objetivo es construir un corredor logístico del Istmo de Tehuantepec, que uniría al Golfo de México con el Océano Pacífico para el traspaso de mercancías provenientes de la costa este estadounidense y el emplazamiento de parques industriales, proyectos mineros y energéticos en la región, que aprovecharían la abundante mano de obra barata disponible en la zona.
Este megaproyecto fue formulado desde 1967 por Gustavo Díaz Ordaz y ha continuado en proyección los siguientes sexenios hasta la actualidad. Todos como proyectos fracasados. El más célebre fue el intento de Vicente Fox por concretar el Plan Puebla-Panamá. El fracaso de dichos planes es en parte por sus nulas intenciones de tomar en cuenta la voluntad popular.
¿Dónde quedó la consigna “Por el bien de todos, primero los pobres”? ¿Dónde quedaron las intenciones de atender en primer lugar a los pueblos indígenas? ¿Es suficiente la generación de “empleo” y la supuesta derrama económica de dichos proyectos? ¿Por qué no se les consulta sobre estos planes? ¿No es ésta una visión donde las comunidades indígenas y mestizas, es decir, el pueblo pobre, son objeto y no sujetos de derecho?
La Constituyente propone
Hoy es fundamental cuestionar el discurso de desarrollo económico que el gobierno sostiene, en el que las tradiciones, las lenguas, la forma de organización y producción social, que tenemos los pueblos originarios, las comunidades y los barrios populares aparecen como obstáculos para el “progreso y la modernización”, representando atraso e ignorancia. La historia de nuestro país demuestra que esta concepción es un mito, todos los proyectos de desarrollo económico que los últimos gobiernos han impulsado solo han provocado la concentración de los recursos naturales en pocas manos y con ello el despojo, la miseria y el desplazamiento forzado de nuestros pueblos. En nombre del “desarrollo económico”, del fomento al turismo y la generación de empleos se imponen megaproyectos que profundizan la destrucción de los pueblos, el saqueo de la madre tierra, el trabajo precarizado, la enfermedad y la muerte.
Esta visión inhumana del progreso basada en el despojo de la mayoría del pueblo y en la concentración de la riqueza en pocas manos no es reciente, fue la causa de que nuestros abuelos en 1910 se levantaran en armas para recuperar el territorio y devolverlo a manos del pueblo. El que sigamos existiendo es consecuencia de la pelea y la defensa que han sostenido nuestros pueblos desde hace ya más de 500 años. El corredor transístmico y las ZEE se han enfrentado con la resistencia popular de cientos de comunidades indígenas y campesinas que se oponen a las afectaciones en sus territorios.
Los grandes proyectos de infraestructuras deben de ser no sólo consultados con los pueblos afectados, sino trabajados de la mano, decididos por éstos en asambleas, bajo sus formas de organización y decisión comunitaria, en el marco de sus leyes y normas populares. Deben ser proyectos bajo la propiedad y conducción de las propios pueblos, cuya riqueza producida sea propiedad de la nación y no de un puñado de empresarios. Deben de atender primordialmente las necesidades de las comunidades, del pueblo de México y no de los grandes capitales e intereses extranjeros. Deben de estar centrados en el desarrollo comunitario y no en el empresarial, en el cuidado y preservación de la madre tierra y no en su destrucción, en el respeto de los territorios y no en el saqueo de nuestros bienes comunes y capacidades vitales.
En suma, una verdadera política de desarrollo tendría que estar basada en la concepción de los pueblos como sujetos soberanos y en la producción de riqueza para la comunidad-nación.
