Reforma Médica y privatización de la salud
La privatización del sistema de salud pública en nuestro país se puede rastrear desde el ajuste estructural de 1985, que redujo considerablemente el presupuesto a las instituciones del sector, trayendo como consecuencia la disminución de unidades médicas, personal, servicios y consultas. En 1995 el sistema de salud nacional recibió otro golpe con la Ley del IMSS que entregó las pensiones de médicos y enfermeras a bancos privados y abrió la posibilidad de subrogar los servicios de seguridad social a empresas privadas. En el sexenio de EPN estamos presenciando el último gran golpe al sistema de salud pública mediante la creación del sistema universal de salud, que con el argumento mentiroso de ampliar el aseguramiento médico a toda la población, encubre la entrega del sistema médico nacional a aseguradoras privadas, la precarización de las condiciones laborales de miles de médicos y enfermeras en todo el país y la condena de millones de mexicanos a la desatención y desprotección médica.
La universalización del sistema de salud o reforma médica (que aún no ha sido llamada así de manera explícita) consiste en la introducción de un nuevo mecanismo de aseguramiento médico que ofrece un paquete limitado de beneficios a la población y que opera bajo la lógica de un aseguramiento privado. Es decir, se subrogará la prestación de servicios médicos a “Asociaciones Público-Privadas”- como se ha estado haciendo desde la creación del seguro popular- para que brinden los servicios de salud que por ley debiera proveer el Estado. Dichas asociaciones recibirán recursos públicos para la construcción de infraestructura y prestación de servicios, pero no se verán obligadas a garantizar la estabilidad laboral y los derechos sociales de las y los trabajadores del sector salud, lo que traerá consigo la precarización de las condiciones de trabajo de médicos y enfermeras, la reducción de los salarios, los despidos injustificados y la contratación temporal.
La reforma médica no solo afectará a las y los trabajadores del sector salud, sino a toda la población mexicana, ya que el aseguramiento médico que pretende generalizar y del que se vanaglorian el secretario de salud y el sector empresarial a través de Funsalud, solo cubre padecimientos básicos (165 de ellos) y no incluye enfermedades crónico- degenerativas como la diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer, VIH-SIDA, entre muchas otras, que hoy día constituyen las principales causa de muerte en nuestro país y que se han acrecentado significativamente desde la entrada en vigor del TLCAN, al dar pie a la desrregulación ambiental, laboral y la degradación del sistema alimentario nacional.
Al permitir la liberalización de la economía nacional y favorecer las condiciones de sobreexplotación, devastación ambiental, y mala alimentación que esta conlleva, el Estado mexicano y la oligarquía gobernante han condenado al pueblo mexicano a la enfermedad y a la muerte, y como si esto fuera poco impulsan una reforma de salud que les exime de la responsabilidad de dar atención médica a la población, entregando la salud pública a manos privadas. En resumidas cuentas, el sector privado se enriquece y el sector público desaparece a costa de la vida y el sufrimiento de millones de mexicanos.
La reforma al sistema de salud encubre otro de los mecanismos mediante los cuales el Estado se desliga de sus responsabilidades económico-sociales para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Esta, como la reforma energética, la de educación y tantas otras, forman parte del desmantelamiento absoluto de los bienes y servicios que nos corresponden como habitantes de este suelo. Haber perdido la soberanía alimentaria es el triste reflejo del despojo que sufre nuestro país, del que ahora la salud -mediante su tercerización y privatización- está siendo parte.
Es viejo y queda obsoleto el argumento acerca de la ineptitud estatal para la administración de los servicios público, que deja en manos privadas su “buen” funcionamiento. Es mentira que la privatización es una tendencia mundial hacia el bienestar social; sino preguntémonos por la situación en Europa o en los países en los que se goza de una mejor calidad de vida: los servicios no están en manos privadas. Si tomamos a Colombia, Chile e incluso Argentina, como los ejemplos a los que pudiéramos remitirnos para ver los efectos de la privatización del sector salud en América Latina, la respuesta es devastadora: no existe la universalización de la salud, sino la fragmentación, segmentación y un acceso marcadamente desigual y en función del sector social al que se pertenezca. Nadie podría afirmar que esos sean ejemplos exitosos de dicho plan. Una somera fotografía nos muestra hospitales públicos abandonados, nula atención primaria en barrios o delegaciones, y más de la mitad de la población pagando Obras Sociales (de carácter mixto o cuyos servicios se encuentran tercerizados por empresas privadas) o Prepagas (que en este momento se encargan de administrar la mayoría de los servicios de salud con fines de lucro) que se llevan hasta el 35% de los sueldos de cualquier trabajador.
Ante este grave panorama, miles de médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud se han movilizado en días recientes para visibilizar la grave amenaza que representa la consumación de la “universalización” del sistema de salud. Para esto han conformado espacios de coordinación estatales y nacionales y han logrado ubicar la problemática en la agenda pública. En este contexto, a la Nueva Constituyente Ciudadana Popular le corresponde asumir como propia esta lucha, salir a la calle junto con las y los trabajadores del sector salud, aunando su lucha junto a los docentes, padres de familia, trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, evidenciando la actuación de un Estado criminal como el mexicano, y unificando el grito de protesta contra éste. Un Estado que se ha caracterizado por el desvío del poder que le ha otorgado el pueblo, usándolo para el beneficio exclusivo y sistemático de intereses privados, en contra de los intereses públicos, es decir, en contra del mismo pueblo. Es urgente profundizar y unir las demandas y construir a través de espacios de discusión y reflexión comunitarios, alternativas que anticipen y construyan el país que queremos y que necesitamos.
