Editorial 28/05/ 2018
Hasta la fecha han sido asesinados 34 candidatos a cargos populares a nivel local, en el contexto del proceso electoral en curso. La mayoría de estos asesinatos se han concentrado en Guerrero, Guanajuato y Jalisco. Si tomamos en cuenta la etapa de precampaña, la cifra aumentaría a 78 asesinatos.
De acuerdo al Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, el país vive las elecciones más violentas de la historia, con 173 agresiones a candidatos en el país, que incluyen homicidios, amenazas e intimidaciones.
Cientos de candidatos han renunciado a sus postulaciones debido a las amenazas y clima de violencia. Tan sólo en el Estado de México, a menos de una semana de que inició la elección, 225 candidatos renunciaron a sus candidaturas. En Tamaulipas, el instituto electoral local ha recibido casi 50 renuncias de candidatos. En Guerrero, hasta el 16 de mayo habían 190 candidaturas declinadas. En dicho estado muchos candidatos ni siquiera hacen campaña, por los riesgos que implica. Aunque los organismos electorales se empeñan en declarar que las renuncias no se deben a la inseguridad, es evidente que la mayoría de estos casos se dan en estados donde impera la violencia.
Asimismo, en lo que va del año 6 periodistas han sido asesinados, dos en Tamaulipas y el resto en Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Guerrero. El último, Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior en Tamaulipas, fue asesinado a golpes el día de hoy. Recordemos que México se considera el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, tan sólo después de Siria.
La represión y las agresiones hacia organizaciones y movimientos sociales también han arreciado desde inicios del 2018, principalmente hacia aquellas que defienden su territorio ante la imposición de megaproyectos de muerte; es el caso de la criminalización de los integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) quienes fueron citados a declarar a inicios de año por la PGR sin que se les notificará la causa penal; el asesinato de ocho personas, y la detención y tortura de 22 luchadores sociales del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores al Proyecto Presa La Parota y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en enero de este año; o el encarcelamiento de León Fierro el 3 de mayo pasado, activista de Mexicali Resiste que ha participado en la lucha del pueblo de Baja California por frenar la instalación de la planta cervecera Constellation Brands que pretende extraer el agua del valle de mexicali para producir cerveza de exportación.
Todos los días nos enteramos que a ocurrido la desaparición de alguien, el asesinato de jóvenes se ha vuelto algo común y también la injusticia, los gobernantes y las autoridades cuando ocurre algo así solo declaran lamentaciones y pésames sin tener la menor intención de castigar a quienes nos han arrebatado tantas vidas. Así fue para Salomón, Jesús y Marco, estudiantes de cine secuestrados y asesinados, para Tadeo, bebito de 8 meses que murió por quemaduras debido a que el camión de pasajeros donde viajaba fue incendiado por un grupo armado o para Mariela Vanessa Díaz estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNAM, quien sigue desaparecida desde hace 1 mes y para los miles de casos que hay.
¿Cómo es posible un proceso electoral democrático ante este clima de violencia? ¿No debería cancelarse las elecciones hasta que se garantice la seguridad, no sólo de los candidatos, sino de toda la población en general?
No es la primera vez que en México las elecciones se realizan en un clima de violencia, pareciera más bien que esta se recrudece invariablemente en vísperas del proceso electivo. Evidentemente no se trata de una mera casualidad sino de una acción premeditada de los grupos en el poder para garantizar un clima de sepulcro, en el que la oligarquía gobernante pueda imponer nuevamente su dominio y se garanticen los intereses trasnacionales, principalmente norteamericanos, en la transición electoral. Un estado que premedita la violencia, que planifica el delito y que ponen en juego todos los recursos a su alcance para someter a la población y para hacerle creer que un proceso democrático es posible en esas condiciones es un estado genocida.
La Constituyente propone:
En la Nueva Constituyente, pensamos que una democracia sólo puede ser posible en tanto existan condiciones de libertad, justicia y paz para que el pueblo podamos elegir la forma de gobierno que mejor convenga a nuestros intereses, y puesto que el Estado ha renunciado a la responsabilidad de garantizarles y ha organizado de manera casi quirúrgica la destrucción de todos los derechos sociales y humanos del pueblo mexicano (trabajo, educación, salud, acceso a la justicia, protección a la vida, etc.), al mismo tiempo que simula un proceso electivo democrático para perpetuar el dominio de unos pocos, pensamos que es momento de ejercer nuestro legítimo derecho a darnos la forma de gobierno que requerimos. Para ello debemos desatar un proceso profundo de diálogo y discusión desde los pueblos, desde las resistencias, del que surja un nuevo proyecto de nación y un nuevo gobierno. La propuesta pareciera irrealizable y en tiempo de elecciones pudiera ser juzgada como sectaria por no pretender ser partícipe de las pugnas partidarias.
Por supuesto que debemos estar atentos al proceso electoral, porque en él se reconfiguran las fuerzas hegemónicas, porque también en él pueden manifestarse las debilidades de quienes hoy dominan, sin embargo también debemos estar atentos y fortalecer la política que se construye de manera permanente fuera de los grandes reflectores, la de los pueblos defendiendo y decidiendo sobre su territorio.
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