Los medios de comunicación hablan de la detención de los ex-gobernadores priístas de Veracruz, Javier Duarte y de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quienes se encontraban prófugos de la justicia en Guatemala e Italia, respectivamente. Sus casos pudieran parecer hechos aislados, pero en México tenemos una larga lista de gobernadores presos como Jesús Reyna (Michoacan), Andrés Granier (Tabasco), Guillermo Padrés (Sonora), Mario Villanueva (Quintana Roo), entre otros. Asimismo, actualmente se encuentra prófugo de la justicia el ex-gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien según una investigación de la revista Proceso publicada en días recientes, se encuentra gozando de impunidad en El Paso, Texas. También existen procesos de investigación y órdenes judiciales sobre ilícitos cometidos por ex-gobernadores como Gabino Cué (Oaxaca), Roberto Borge (Quintana Roo), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Ángel Aguirre (Guerrero), Egidio Torres Cantú (Tamaulipas), Humberto Moreira (Coahuila), Eugenio Hernández (Tamaulipas), por mencionar sólo algunos casos recientes. A estos ex-mandatarios se les acusa de desviación de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y/o vínculos con el crimen organizado. Esta situación evidencia que dichos casos no son sólo una muestra de la degradación de uno o varios partidos políticos sino del sistema político en su conjunto.
Los delitos antes mencionados son sólo la punta del iceberg de la función de los gobiernos estatales en la ocupación y neocolonización del país. Los mecanismos para operar esta condición poseen características similares en los distintas entidades. Los ejecutivos estatales, a través de los congresos locales, han endeudado a los estados solicitando préstamos estratosféricos otorgados por mecanismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, quienes a partir de estos introducen políticas económicas neoliberales de privatización, entrega de los recursos estratégicos a las trasnacionales y precarización de la vida para la población trabajadora. Estas medidas son acompañadas del incremento de la violencia y la militarización y paramilitarización de los territorios y regiones.
Los estados de Veracruz y Tamaulipas comparten una realidad similar bajo esta lógica, no sólo reducida a la detención de sus ex-gobernantes. Ambos estados han sido endeudados por sus gobiernos y son estratégicos por los recursos naturales que poseen. Las dos entidades colindan con el Golfo de México y son ricas en yacimientos de hidrocarburos marinos y terrestres. Son territorios estratégicos en el marco de la contra-reforma energética y el impulso de la explotación de gas shale mediante la técnica del fracking. Cuentan también con yacimientos de oro y otros metales, así como importantes infraestructuras logísticas para el comercio y la industria. Son también un importante corredor de paso de drogas y otro tipo de mercancías (lícitas e ilícitas) hacia y desde territorio estadounidense (frontera con Texas, estado petrolero por excelencia).
En medio de dicha riqueza y posición estratégica, ambos estados se encuentran sumidos en la violencia y el “caos” con miles de asesinados, desaparecidos, cientos de fosas clandestinas encontradas dentro de sus fronteras y decenas de masacres. Estas cifras incluyen el asesinato y desaparición de periodistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Coincidentemente, la violencia despobla los territorios ricos en recursos y somete a la protesta y crítica social, por lo que le es funcional a la ocupación neocolonial.
Para producir esta situación de terror funcional se han utilizado grupos criminales como los Zetas y el Cártel del Golfo, compuestos de ex-militares mexicanos entrenados en Estados Unidos. El despojo territorial es disfrazado como una pelea por el control de la plaza entre los cárteles de la droga, mismos que han empleado técnicas de tortura y terror escalando sin límite los niveles de violencia.
Los dos ex-gobernadores capturados, alfiles del imperialismo en tierras mexicanas, introductores de la violencia y el terror en territorios de grandes riquezas, son protegidos y encubiertos por el gobierno mexicano e instancias internacionales. Paradójicamente, esa clase política de la burguesía del subdesarrollo, que huye al extranjero cuando México se hunde, es la que va a iniciar la negociación del TLCAN dentro de unas semanas.
Pero estos casos no sólo demuestran la decadencia de los gobiernos estatales, sino también del uso faccioso del poder judicial. Así como se permite que los gobernantes cometan crímenes y escapen, cuando es necesario utilizarlos para otro fin, como el electoral, la impartición de justicia opera, momentáneamente y en apariencia, para después garantizar la impunidad. Es claro que las recientes detenciones tienen como telón de fondo los procesos electorales de 2017 y 2018, intentando recuperar los niveles históricos de rechazo a la clase política y buscando configurar fraudes electorales cada vez más sofisticados.
Los fraudes electorales y el uso faccioso del aparato judicial son parte del crimen general del desvío de poder del Estado mexicano, denunciado en el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, mecanismo con el que se sostiene y perpetua la ocupación neocolonial del país, el saqueo de nuestra soberanía y la dominación, explotación y opresión de nuestros pueblos.
En un contexto de peligro de una guerra mundial, de agresiones imperialistas de distinta índole en diversos países del mundo, desde Siria a Venezuela; de guerra interna y ocupación de nuestro territorio, no nos queda de otra más que apostar a la organización del pueblo para frenar la destrucción del país, avanzar en la refundación nacional y buscar la solidaridad con los pueblos del mundo. Sólo así podremos aspirar a otro tipo de sociedad donde la justicia sea verdadera y la esperanza crezca cada vez más hasta volverse realidad.
