En mayo de 2016 iniciaron los trabajos de exhumación de los restos de 150 personas que fueron sepultadas ilegalmente en 2014 por la Fiscalía del Estado de Morelos en fosas clandestinas excavadas en un panteón de la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla. Muchos de los cuerpos hallados no contaban con una carpeta de investigación abierta, es decir, fueron enterrados sin que se realizará ninguna indagatoria del motivo de su muerte, ni de cómo llegaron a manos de la Fiscalía. 84 cuerpos fueron sepultados sin haberles practicado una necropsia previa pese a presentar signos de violencia física y tortura; entre los cuerpos se hallaban 3 niñas, posiblemente víctimas de trata o feminicidio y dos personas reportadas como desaparecidas. En ninguno de los casos se obtuvo un perfil genético, ni se subieron sus datos a las bases de búsqueda de personas desaparecidas. Éstas y una larga lista de irregularidades que demuestran la participación del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad y el incumplimiento de su responsabilidad en la investigación e identificación de las víctimas, así como en la búsqueda de sus familiares, han sido denunciadas reiteradamente por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, quien desde 2014 ha puesto a disposición del caso a un grupo de peritos expertos formados en la universidad, haciéndose cargo de la investigación y la contención de las víctimas.
A la exigencia de justicia y esclarecimiento de los crímenes de Tetelcingo, de las desapariciones y asesinatos que se han vuelto el pan de cada día en el estado de Morelos, la UAEM ha sumado la denuncia de la devastación socioambiental del territorio morelense por la proliferación de megaproyectos que, al amparo del gobierno local, se imponen sin previa consulta en las comunidades afectadas. Tal es el caso de la mina en Tetlama, la termoeléctrica en Huexca, el proyecto carretero siglo XXI y la instalación del basurero “Planta valorizadora” en la comunidad de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, que por más de 30 años recibió la basura de Cuernavaca y otros municipios del Estado. Además la UAEM ha puesto a disposición de los pueblos y comunidades del estado sus instalaciones, cobijando desde 2014 la conformación de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, que se constituyó para defender el territorio morelense de los megaproyectos impuestos a la fuerza por autoridades en los tres niveles de gobierno.
La situación de Morelos es la del país entero y la UAEM es la única universidad pública y quizás el único espacio institucional que se ha atrevido a denunciarla, a sumarse a las exigencias de justicia, a poner manos a la obra en su resolución y a abrir las puertas de la universidad a los familiares de las víctimas y a los pueblos que reclaman su derecho legítimo a decir sobre el territorio que habitan. La UAEM ha cumplido sobre todo con su responsabilidad de velar por el bienestar del pueblo, único sentido del quehacer y la existencia de las instituciones de carácter público, mientras que el resto de las universidades, secretarías y demás instancias de gobierno han optado por el silencio, la omisión y la complicidad, violentando así los más elementales principios de ética, de justicia y de humanidad, pasando por encima de la Constitución y de los derechos humanos y colectivos, incumpliendo su labor y su encomienda. El trabajo de la UAEM en favor de las demandas de las víctimas de la violencia, pueblos y comunidades de Morelos y su participación activa en la conformación del Frente Amplio Morelense que tiene como demanda principal la destitución del gobernador, ha provocado una despiadada acción punitiva por parte de Graco Ramírez, quien desde el pasado julio (hace 2 quincenas) mantiene retenidos de manera ilegal y arbitraria los recursos destinados al pago de los salarios de los trabajadores de la institución, acción que impide a la UAEM seguir operando y pone en riesgo la educación de los más de 40,000 estudiantes que integran esta casa de Estudios. Graco ha inventado toda clase de argucias para justificar la retención de los recursos, desde el desvió de fondos por parte del rector (que no ha podido comprobar por ningún medio), hasta la falsificación de los recibos de pago de las ultimas 2 quincenas. La retención de los recursos no tiene que ver con evitar la malversación de fondos, como lo ha querido hacer ver el gobierno del estado, sino con el castigo a una institución que asume una postura ética y política comprometida con el pueblo, que decide poner a disposición de las comunidades sus capacidades técnica y académicas, que cuestiona la responsabilidad primaria del estado en la comisión y encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, que ejerce su autonomía de pensamiento y de acción para la reconstrucción de un país devastado por la violencia. La actuación del gobierno de Graco es cínica, ilegal e inaceptable y pone en evidencia el peor lastre que carga hoy en día el pueblo de México, una casta de políticos criminales que se piensan dueños del territorio y de las vidas de quienes lo habitamos, que abusan de su autoridad y que disponen de los bienes de la nación como si su cargo fuese un título de propiedad y no de responsabilidad y de servicio.
La situación por la que atraviesa la UAEM no puede reducirse a un problema educativo, ni a una disputa personal entre el Rector de la UAEM y el Gobernador del Estado, se trata de un problema que apunta a cuestionar la legitimidad del gobierno actual, que pone en el centro el tema de la gobernanza y que avizora como única alternativa posible e irrenunciable, la salida y enjuiciamiento de Graco y de todos los funcionarios que han sido omisos o cómplices de la violencia y la destrucción que imperan en el estado. Al mismo tiempo nos llama a asumir la responsabilidad de reorganizar la vida desde el pueblo, de recuperar en nuestras manos el derecho sobre el territorio que cuidamos y que trabajamos diariamente, el derecho sobre nuestras vidas y nuestra salud, el derecho a enterrar a nuestros muertos y a castigar a quienes nos desaparecen y asesinan, a la vida digna y a la paz.
