Motivos para una Constituyente Ciudadana

Los gobiernos neoliberales han alterado los fundamentos jurídicos del orden social mexicano hasta desfigurar su Constitución Política y adecuar el Estado, las instituciones públicas y el Derecho a las necesidades y exigencias de grandes empresas y grupos corporativos básicamente de capital extranjero, en particular norteamericano y de cuño petrolero.

Los trabajos que diversas organizaciones, colectivos, activistas y defensores de derechos humanos han realizado al interior del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos respaldan estas afirmaciones. La comprensión del rol que han jugado los tratados de libre comercio que los gobiernos mexicanos ha firmado con múltiples países de todo el mundo y, en especial, el TLCAN, que enmarca la subordinación del país a los Estados Unidos, se ha confirmado como un elemento explicativo clave para el diagnóstico que se ha venido elaborando durante el proceso. Asimismo, la visibilización y documentación de tantísimos agravios en contra del pueblo de México constatan la desviación neoliberal de poder que el Estado ha ejercido por más de treinta años.

Bajo el cobijo de una interpretación manipulada de las normas constitucionales y de las inconsistencias objetivas del procedimiento de revisión constitucional vigente, la élite política mexicana y los partidos políticos utilizaron el poder presidencial, las estructuras autoritarias de gobierno, la corrupción de servidores públicos y de todo tipo de actores sociales, así como el control social corporativo y las tradicionales prácticas clientelares, para usurpar la soberanía popular, bloquear el desarrollo democrático de la vida pública y subordinar los intereses nacionales a la satisfacción de ciertos intereses privados extranjeros y nacionales.

Las múltiples reformas constitucionales y legales impuestas por los gobiernos neoliberales para facilitar la privatización del patrimonio público, la desregulación de las actividades económicas, el libre comercio de mercancías, la desnacionalización de las riquezas del país, el saqueo de los recursos naturales, los despojos territoriales y la superexplotación de la fuerza de trabajo, así como el desmantelamiento institucional y el aniquilamiento progresivo de servicios públicos y derechos, son elementos que corroboran la guerra que los gobiernos neoliberales emprendieron en contra del contenido social y los principios nacionalistas de la Constitución mexicana.

Igualmente, la aceleración de los procesos de despojo absoluto y concentración de los medios de producción de la vida social, el empobrecimiento generalizado de la población, la precarización de sus condiciones materiales de vida, la migración y vaciamiento de localidades, los altos niveles de desigualdad, desintegración, discriminación, exclusión y marginación sociales, los daños ecológicos irreversibles y el deterioro ambiental, así como la producción en masa de grupos vulnerables, la violencia estructural y la violación impune, masiva y sistemática de múltiples derechos, son evidencias de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre del libre comercio.

La violencia estructural y de coyuntura que padece la población se encarna en las dinámicas de acumulación salvaje de capital, en las permisiones jurídicas y la tolerancia institucional de los privilegios, despojos y saqueos, en la imposición de las formas y los contenidos del consumo, así como en la censura y el manejo sesgado de la información, la criminalización de la protesta, la judicialización de los conflictos y la represión dirigida en contra de defensores de derechos humanos, activistas, movimientos y líderes sociales.

La política económica neoliberal ha generado el distanciamiento extremo de las expectativas colectivas en relación con las realidades sociales alcanzadas. Es ese abismo de frustración incontenible el que ha abierto los ciclos de la protesta social contemporánea.

La represión social no es una novedad en México, como tampoco lo son la corrupción ni el espíritu colaboracionista, antinacional y entreguista que caracteriza a muchas y muchos políticos mexicanos. Sin embargo, las formas represivas y las políticas de control social desarrolladas de 1982 a la fecha con el propósito de imponer a la sociedad mexicana el actual régimen irracional de acumulación de capital y su consiguiente paquete de “reformas estructurales”, deben ubicarse dentro del marco del desvío de poder cometido por los gobiernos que han secuestrado al Estado mexicano y destruido los contenidos sociales y los principios nacionalistas de la Constitución de 1917.

Las autoridades mexicanas han fomentado el deterioro de las condiciones materiales de la vida social, han desatendido las necesidades de la población y se han negado a emprender una reparación integral de la totalidad de los agravios causados por la liberalización de la economía mexicana. Al contrario, los gobiernos neoliberales han preferido usar y sacar provecho del poder punitivo y la potencia institucional del Estado mexicano para desacreditar reivindicaciones legítimas y desarticular la organización social, así como para amedrentar y desactivar las movilizaciones sociales, las manifestaciones públicas y otras formas populares de lucha por los derechos.

La imposición de leyes, políticas gubernamentales y actos de autoridad contrarios al interés general del pueblo de México y a múltiples intereses colectivos vitales, ha sido garantizada a través de la manipulación jurídica y mediática.

Los casos emblemáticos de criminalización, judicialización y represión estatal que la ciudadanía y la población en su conjunto han padecido, evidencian la actual crisis del sistema jurídico mexicano y las instancias de representación política, a la vez que dan cuenta de las maneras extremas en que se bloquea el acceso a la justicia y se obstaculiza la construcción y el desarrollo de los espacios de autonomía en México, así como de los caminos que han seguido el desvío de poder, la desarticulación y anulación de la organización social y las múltiples expresiones de la resistencia y la lucha por los derechos.

El conjunto de casos y testimonios presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos evidencian el terrorismo de Estado y la violencia estructural, legalizada, avalada y desplegada institucionalmente, que han soportado quienes han pretendido alzar la voz para defender sus medios de subsistencia, sus condiciones de vida y su dignidad. (1)

Frente a la embestida neoliberal, la lucha por la justicia y los derechos se ha desplegado en procesos colectivos de reivindicación jurídica, resistencia, protesta y transformación social, pero también ha adoptado la figura concreta de la autodefensa, la autogestión y la construcción de autonomías. Asimismo, esta lucha ha apelado a la defensa social legítima, la desobediencia civil, la resistencia a la opresión y la rebelión como formas válidas de reacción social ante los saldos negativos del capitalismo salvaje. Finalmente, la senda de las reformas nacionalistas y las revoluciones sociales también debe contarse entre las alternativas desplegadas con el propósito de contener y revertir los privilegios y despojos impulsados por el libre comercio.

Es en este marco de lucha de clases y guerra social que cobra relevancia la construcción de un proceso constituyente y se erige en una bandera de combate fundamental para toda sociedad acosada que no encuentra en sus leyes, autoridades y órganos de gobierno la satisfacción real de sus necesidades, y que tampoco tiene a su alcance los mecanismos institucionales y de participación efectiva que harían viable su reconstrucción histórica y la transformación de sus condiciones materiales de vida. La participación en iniciativas como la “constituyente ciudadana” es ya una manera de impulsar la reconstitución de los sujetos responsables del cambio social.

Texto elaborado y leído en el taller del 5 de julio por Raymundo Espinoza hernández y Ximena Ugarte Trangay.

Nota:
(1) En el Dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos emitido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de mayo del 2012, a propósito de la celebración de la Audiencia General Introductoria al Capítulo México, el jurado manifestó: “…El Tribunal considera que muchos de los episodios, probados ante él, constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y/o aniquilar a la oposición armada y/o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos” (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2012, p. 22). Asimismo, en el Dictamen correspondiente a la Audiencia de Represión a movimientos sociales y defensores de los derechos humanos, el jurado declaró: “En los múltiples y variados actos de represión denunciados ante este Tribunal hay un denominador común: se trata de acciones extralegales o de desvío de poder, que se cometen para favorecer a sectores económicos o políticos poderosos. La imposición del modelo neoliberal en México significó la creación y/o el fortalecimiento de agentes económicos extremadamente fuertes, que se han apoderado de recursos naturales pertenecientes a las comunidades, mediante procesos de despojo. Cuando éstas resisten, espontánea u organizadamente, se les criminaliza y se les reprime. De modo que la represión, al relacionarse con proyectos macroeconómicos, de gran utilidad para los sectores oligárquicos, tanto del país como del exterior, tiene el propósito de inhibir la respuesta social y paralizar a la sociedad mediante el miedo. De hecho, esta forma de gobernar constituye una suerte de terrorismo de Estado. El papel que en este proceso asume el poder público es abiertamente protector de los intereses de las transnacionales, que son el agente principal de la llamada globalización, así como de la oligarquía local. En la represión se percibe claramente la intervención de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y de los tres poderes formales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Estamos entonces ante una responsabilidad formal del Estado mexicano. Los delitos que se cometen al reprimir son delitos de Estado y no meros excesos de agentes policíacos o castrenses. Este Tribunal sostiene que protestar es un derecho y reprimir es un delito” (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2013, pp. 25-26).

4 thoughts on “Motivos para una Constituyente Ciudadana

  1. Guadalupe Ortega

    Si queremos el cambio, si queremos que este país se recupere, estamos obligados a trabajar por ello. Si no hay organización con capacidad de convocatoria para conjuntar esfuerzos, entonces hagámosla, es por ello que me parece importante la propuesta de la Constituyente Ciudadana. Estudiemos su propuesta, analicémosla, porque planteamiento de una nueva constituyente necesariamente pasará por una revolución, lo vean o no quienes ya están en ello. Es importante hacernos este planteamiento y saber hacia dónde nos dirigimos. Lo cierto es que este país no aguanta más. Cuando un Estado llega al cinismo la descomposición está al máximo y el cambio comienza a anunciarse. Estamos en ese momento. La constituyente es un importante esfuerzo que puede afianzarse y ser la pica del cambio. Me parece importante que Ayotzinapa se haya adherido a este esfuerzo.

  2. Gerardo López Olvera

    El cambio en México tiene que llegar. Se está empezando a dar poco a poco, marcha a marcha. Lo que tenemos que conseguir todos los mexicanos es unirnos como pueblo y forzar al gobierno a actuar frente a los tan terribles sucesos que han ocurrido, y logremos llevar acabo uno de los cambios en país más importantes en la historia de esta nación: Hacer que el pueblo logre decidir que es lo que quiere para ellos mismos.

  3. Marcos Arcos Mendoza

    Como parte de los pueblos originarios de Chiapas, estoy totalmente de acuerdo darle seguimiento a un Congreso Constituyente, porque el pueblo de México ya no puede seguir con este mal trato, es justo ya renovar nuestra Constitución que sean palabras de la clase trabajadora, la clase pobre, hombres y mujeres. Ya basta de tanta manipulación e imposición política, ya basta de corrupción, ya basta de masacre/genocidio.
    Hay que unirse a todos los millones de pobres en este país, para cambiar este sistema de mal gobierno. Por eso, ya es justo ir pensando un primer encuentro nacional para la Constitución de un Congreso Constituyente e incluyente, Que no sea encuentro de partidos políticos, porque ya estamos cansados de ver y escuchar los partidos políticos.
    Estoy dispuesto a colaborar con lo que yo pueda, para reflexionar y promover a fondo de un cambio para alcanzar nuestra liberación por iguales y para iguales.

  4. Margarita Aguayo

    Gracias!!!!!!, soñaba con algo así, sabía que sí existen los buenos Mexicanos, Gracias!!!!, me adhiero a esta labor, aquí en Mexicali, Baja California, sobre la carretera al Puerto de San Felipe, existen unas minas, y los dueños los hijos de Martha Sagún, no puedes detenerte ni bajar la velocidad por esa área, inmeditamente te llega agentes y te corren del área, las playas ya no podemos pisarlas, las estan cercando y los gringos son los únicos dueños, en Ensenada hasta existen playas a las que ni caminando por la orilla del mar puedes tú mexicano pasar, algunas estan custiodadas por la policía municipal y el ejército. Gracias a Dios que no a todos nos han dopado de tanta basura, hay que trabajar mucho, cuenten conmigo……

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