Ciudadanía es, según las definiciones más comunes y llanas, toda persona a la que el Estado le reconoce como tal, y por lo tanto debe garantizar sus derechos económicos, políticos y culturales. Sin duda, dentro de esta definición caben, Carlos Slim, Salinas Pliego, Alfonso Romo, Emilio Azcárraga, Claudio X. González, y otros millonarios y multimillonarios, verdaderos embaucadores de las riquezas de nuestra nación, explotadores inocultables del pueblo mexicano, y en pocas palabras, destructores de la patria. Por la amplitud de este concepto, a la vez, se esperaría que el Estado en relación con el deber que tiene para con la ciudadanía, no solo viera por los intereses y los “derechos” de este restringido grupo de saqueadores y mafiosos, sino que de manera fundamental, velara por el bienestar de las grandes mayorías, es decir, por el interés público, que también puede entenderse como el “bien común”.
La ciudadanía además supone igualdad: igualdad de oportunidades, igualdad en las posibilidades de incidir y decidir en torno al rumbo que toma el país (es decir, es condición para que se pueda hablar de democracia), igualdad frente al sistema de justicia, etc. Sin embargo, sobran evidencias para declarar que esta igualdad es inexistente en el México actual. ¿O podemos pasar por alto que para la cúpula empresarial, basta con hacer algunas declaraciones por twiter, para incitar la represión en contra del magisterio democrático por parte de las fuerzas policiacas estatales y federales? … ¿o en contra de los cientos de pueblos y comunidades urbanas y rurales que luchan a lo largo y ancho del país para frenar el despojo de sus territorios y viviendas por la imposición de megaproyectos mineros, del agronegocio, de fracking, megabasureros, proyectos carreteros, hidráulicos, comerciales, etc.? ¿Tienen las comunidades las mismas condiciones de expresar su voluntad e incidir en el proyecto de desarrollo local y nacional que los políticos y los grandes empresarios nacionales y extranjeros? Supuestamente, el sistema electoral debiera igualar al más rico con el más pobre a la hora de votar, pero lo que no se aclara, es que las opciones a las que se les da cabida en la contienda electoral, casi siempre se han abocado a atender de manera prioritaria, los intereses de una fracción u otra de la clase dominante durante sus mandatos y administraciones, situación diferente a lo que sucede en tiempos de campaña, donde parecen recordar la existencia del pueblo, al que prometen el sol, la luna y las estrellas. En una realidad tan obscena e injusta como la mexicana, parece más ciudadano el empresario extranjero que la trabajadora y que el trabajador del campo o de la ciudad.
Como se documentó durante los cuatro años del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Estado mexicano ha gobernado para una minoría acaudalada cuyas riquezas están marcadas por la sangre y el sudor de millones de mexicanas y mexicanos. La clase gobernante, fiel a los dictados de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, así como a las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, operadores inmisericordes del imperialismo estadounidense, ha destrozado todo aquello que apuntaba a fomentar el bienestar y el desarrollo de las mayorías. La entrega de PEMEX a las trasnacionales extranjeras representa uno de los ejemplos más icónicos, y un retroceso histórico de gran calado. Fue precisamente la expropiación petrolera, una de las victorias fundamentales de nuestro pueblo durante el siglo pasado, a partir de la cual se facilitó el cumplimiento de muchas de las demandas de la revolución mexicana, las cuales apuntaban al cumplimiento del deber del Estado hacia la ciudadanía, en el sentido de velar por la satisfacción de los intereses públicos o del bien común. Este hito histórico, que en su momento fue condenado por el entonces presidente de los Estados Unidos, quien tildó al general Lázaro Cárdenas de “Dictador petrolero”, permitió la creación de escuelas, el reconocimiento de los derechos laborales y de seguridad social, la construcción de hospitales, y la creación de instituciones que -aún con sus limitaciones y posteriores manipulaciones clientelares- velaban por la economía popular, entre otros avances.
La negación e incluso pudiéramos decir, la destrucción implacable de la ciudadanía que ha realizado el Estado mexicano, ha provocado una profunda ruptura entre lo que se entiende por “ciudadanía-democracia”, y las instituciones estatales, especialmente en relación a los partidos políticos. Este divorcio entre ciudadanía y Estado -representado por partidos políticos, funcionarios, y especialmente por el actual presidente, Enrique Peña Nieto-, refleja en sí, una profunda crisis de legitimidad de las estructuras que por lo menos en las últimas tres décadas, había permitido la profundización de la dominación, el despojo y la explotación con el aval de una gran parte de la población, bajo la falsa creencia de que no era posible transformar nuestra realidad por otra vía que no fueran sus instituciones, reforzada por la supuesta “transición democrática”que representó el cambio de partido en el poder, con la llegada a la presidencia de Vicente Fox por el PAN. Sobra decir que cualquier apariencia de democracia, volvió a volar en pedazos con el inocultable fraude de Felipe Calderón, así como con la compra masiva de votos que pavimentó la supuesta victoria electoral del actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Estos antecedentes de negación de la voluntad popular, y de la renuncia del Estado por gobernar velando por el bien común, ha provocado que la única fuente de ciudadanía y democracia auténtica, provenga de quienes nos hemos opuesto a su régimen de muerte, al luchar por la defensa del interés público, de las causas del pueblo y de nuestras reivindicaciones históricas, rastreables no solo desde la revolución mexicana, sino por lo menos desde la conquista, pasando por las guerras de independencia, los levantamientos antiimperialistas, las múltiples y profundas sublevaciones indígenas, entre otros episodios históricos a los que no podemos ser omisos.
La ciudadanía, tal como emerge de la situación actual de catástrofe nacional, está en la gente del pueblo que se organiza de manera independiente de partidos políticos, o de individuos que aún cuando respondan de manera parcial a uno u otro partido, han comprobado que la única forma de converger con más gente para avanzar en la defensa de lo público, es dejando a lado su agenda partidista aunque sea por un momento. En este sentido, este ejercicio de la ciudadanía, que en su naturaleza es rebelde y contrario a un Estado que sólo ha podido garantizar el bienestar de su corrupta clase política y de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, es en sí, el germen de algo verdaderamente nuevo y liberador: desde estas luchas, el pueblo puede asumir y asume, aunque sea de manera parcial, la responsabilidad de gobernar para el bien común, en pro de lo público, retoma los deberes que el Estado claramente ha abandonado y a los que incluso ha sido contrario. Aun cuando estas experiencias de organización ciudadana-popular sean fragmentarias, dispersas, y no pocas veces inconscientes de su carácter potencialmente contestatario y transformador, en ellas residen para nosotros, la única y verdadera posibilidad de refundar la nación.
Sí, es cierto. La palabra “ciudadanía” no solo la ha utilizado la gente de a pie. También ha sido utilizada para homogeneizar o borrar las luchas y la resistencia del pueblo. Desde los sectores dominantes, cada vez la aprecian más y recurren desesperadamente a ella, ya que de tanto robar, engañar, defraudar, imponer, y violentar; la credibilidad de las viejas instituciones estatales y especialmente los partidos políticos, es casi nula y la fe que tiene la gente común en que desde estas instancias pudiera darse un cambio genuino es prácticamente inexistente. Para corroborar esto, pueden revisarse las grandes cifras del abstencionismo y la forma en que este ha ido en aumento.
Precisamente porque ahora la ciudadanía ha emergido con mayor fuerza desde las luchas populares que ponen en el centro la satisfacción y resolución de necesidades e intereses generales, las clases dominantes han percibido que por ahí puede existir un resquicio mediante el cual, nuevamente puedan aminorar su crisis de legitimidad, para volver a suplantar y arrogarse la voz de las mayorías, lanzando simpáticas y variopintas “candidaturas ciudadanas” , en las que “El Bronco” representa uno de los primeros y más visibles experimentos de esta naturaleza, y del cual han ido tomando nota algunos empresarios ligados a los partidos políticos, en especial del PAN, así como otros grupos de poder ligados a viejas familias de la aristocracia mexicana, desde quienes han comenzado a plantearse otras “candidaturas e iniciativas ciudadanas”, tendencia que parece se volverá cada vez más frecuente y caótica en los próximos meses, como si se tratara del brote de hongos en temporada de lluvias.
Sin embargo, queda claro que por la convocatoria que han tenido estas iniciativas, lo ciudadano, será un elemento que se seguirá expresando de manera auténtica desde quienes piensan y actúan no en beneficio propio, sino en beneficio de las y los demás, orientados por el bien común, y que solo podrá realizarse y profundizarse hasta sus últimas consecuencias a través de experiencias y procesos de autonomía, de poder popular, y de democracia comunitaria, que pongan el gobierno desde el pueblo en el centro de la disputa. En este sentido, identificamos la ciudadanía con los esfuerzos y experiencias de gobiernos autónomos como los del municipio de Nicolás Ruiz; o en las asambleas comunales y talleres en defensa del territorio y la vida como las del pueblo de Alpuyeca, Morelos; o en la organización que se está gestando en el Totonacapan-Veracruz para frenar los proyectos ecocidas de extracción de hidrocarburos, especialmente contra le fracking; así como en las luchas urbanas y rurales por la satisfacción de las necesidades más básicas como la que está librando el pueblo de Baja California, ya sea en defensa del salario digno y de otras condiciones laborales básicas, o en contra de la privatización del agua, por mencionar tan solo algunos ejemplos.
Insistimos en que es necesario no ceder, ni en las palabras ni en las acciones: la ciudadanía, la democracia, la libertad, la dignidad, y la unidad nacional, son símbolos que en tiempos de crisis, las clases dominantes tratarán de arrebatarnos. Sólo por la vía de los hechos, nosotras y nosotros podremos garantizar que el significado real de estas palabras, se cumpla, y aún más, que a través de estos principios, podamos avanzar hacia la conformación del pueblo como sujeto capaz de gestar una nueva patria, en donde la satisfacción de las necesidades de todas y todos, así como la igualdad de posibilidades para incidir en el rumbo de las decisiones locales y nacionales, se resuelva colectivamente. Un México en el que el pueblo gobierne por medio de una democracia comunitaria, y en el que las decisiones se orienten siempre hacia la satisfacción del bien común.
